Imagen de archivo del president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la reunión que mantuvo con Joaquín Amills (dcha), presidente de SOS Desaparecidos. EFE-Manuel Bruque
La acusación que ejerce la asociación SOS Desaparecidos en la causa judicial por la gestión de la dana en representación de los familiares de 64 víctimas se ha dividido en dos tras la salida de los representantes de 38 de esos fallecidos por discrepancias respecto a la actuación del presidente de la entidad, Joaquín Amills.
Según han explicado a EFE los implicados en este proceso, parte de las familias (78 personas) que han optado por abandonar el paraguas legal de SOS Desaparecidos van a formar una nueva asociación, que se llamará Víctimas Mortales Dana 29-O, y que está en contacto actualmente con cuatro penalistas.
El letrado de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, remitió el pasado lunes un escrito al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja en el que comunicaba la renuncia respecto a las referidas familias y enumeraba a sus miembros para que la jueza les ofrezca acciones legales, por si es su deseo mantenerse en la causa bajo otra dirección letrada o bien pedir asistencia jurídica gratuita.
Según ha explicado a EFE Ernesto Martínez, tío de la Elisabeth Gil, desaparecida en la dana, el principal punto de fricción con SOS Desaparecidos ha sido la actuación de su presidente, Joaquín Amills, y la reunión que mantuvo con el president, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat el pasado 27 de marzo.
Martínez lamenta que "se atribuyese una portavocía que no se acordó" y accediese a aquella reunión, al tiempo que ha expresado su disconformidad con algunas actuaciones de los letrados y su ejercicio 'pro bono', es decir, gratuito.
Consultado por estos hechos, Amills ha explicado a EFE que "nadie firmó un contrato de exclusividad ni de permanencia con SOS Desaparecidos" al tiempo que ha reiterado su compromiso de seguir actuando de forma gratuita.
Ha defendido que siempre informó a los familiares de la reunión con Mazón, "no como portavoz de nadie, sino como presidente de SOS Desaparecidos" si bien ha admitido que "fue un error confiar en que la información llegó a todos los familiares a través de dos portavoces".
"A Mazón fui a pedirle que dimitiese, que pidiese perdón como persona, no como político, y que declarase ante la jueza de forma voluntaria, creo que mi posición fue rotunda", ha explicado.
Sobre el sistema 'pro bono', sigue sosteniendo que es lo idóneo para esta causa y que mantendrá su posición de no aceptar dinero de nadie.
"Me sabe mal porque hay familias con las que he llorado. Creo que desgraciadamente el problema es que se está politizando todo y eso es muy malo, que hay colectivos cuya única obsesión es la dimisión de Mazón. Yo creo que con la dimisión no vamos a saber la verdad. Yo creo, y reafirmo, que Mazón es el máximo responsable, pero hay que saber quiénes no cumplieron su deber a todos los niveles", ha manifestado.
Desde la representación legal de SOS Desparecidos se ha explicado a EFE que sigue ejerciendo la acusación respecto de las familias de 26 fallecidos y que prevé la incorporación de otras siete familias.
