Las patronales FECEVAL-CECE, Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana y ACADE han presentado de forma conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el anuncio de recurso contencioso administrativo contra la orden de la conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes que establece las bases reguladoras del Bono Infantil de 0 a 3 años y contra la Resolución que regula su convocatoria.
Las tres organizaciones han decidido actuar de forma conjunta tras romper el Gobierno Valenciano la igualdad de trato a los alumnos y aulas de dos años, primando la educación pública sobre la privada y concertada.
Tras la publicación de la normativa del bono infantil, que incluye la gratuidad de las aulas de dos años en las escuelas municipales, la apertura de numerosas aulas de dos años en los colegios públicos y la negativa de la Conselleria a equilibrar las condiciones de subvenciones en la red de 0 a 3 años, las patronales que agrupan a estas empresas han decidido denunciar la vulneración de derechos a centros, familias y trabajadores ante el TSJCV y la repercusión negativa que tienen sobre ellos estas nuevas condiciones en que se sitúa a sus centros escolares en clara desventaja económica ante los públicos.
Para el presidente de FECEVAL-CECE Alberto Villanueva, "es evidente que nos encontramos ante la ley del más fuerte, con desinterés por el dialogo y la falta de la más elemental sensibilidad ante un sector que históricamente ha venido desarrollando una extraordinaria labor social en favor de la conciliación familiar; una entre las muchas razones de ser de unos equipos humanos de intachable responsabilidad y profesionalidad que ahora ven sus puestos de trabajo en el aire".
Por su parte la secretaria autonómica de ESCACV, Vicenta Rodríguez, "hemos dado un paso al frente todos unidos porque no vamos a tolerar que la cuestión económica sea el factor decisivo en la elección de un centro porque de este modo se rompe el principio de libertad de enseñanza en igualdad de condiciones. Una vez más la Generalitat está contra los derechos de las familias y los titulares de los centros y no vamos a tolerar que se juegue con el futuro de la educación de los más pequeños. Podían haber planteado muchas soluciones pero han elegido la peor de todas".
Asimismo la presidenta de ACADE-ADEIV, Carmen Bardal, "estamos luchando por la supervivencia de un sector que realiza una labor educativa y social altamente profesionalizada. Con esta actuación, el Gobierno autonómico pone en peligro la viabilidad de una red de más de 500 centros educativos distribuidos por toda la comunidad y autorizados por la propia Conselleria y se está jugando con los puestos de trabajo en un sector que está altamente feminizado".
