Carles Arques.-EPDA
Llevamos mucho tiempo escuchando la falta de conocimientos de las pymes, empresas, administraciones y en general, la sociedad, en la gestión, coordinación e implementación de los fondos europeos con el fin de atraer oportunidades a nuestros ecosistemas locales. En realidad, debemos entender que los fondos europeos son más que una oportunidad financiera ya que contribuyen al desarrollo social y económico de nuestro territorio, a la lucha contra las desigualdades, al fomento del empleo y a impulsar las oportunidades de la juventud o a la innovación en las empresas.
La entrada de España en la UE ha supuesto el mayor avance en infraestructuras y un amplio desarrollo económico para las empresas y las instituciones con la llegada de los fondos de cohesión a partir del 1992. Esta inversión puso el foco en las debilidades que tenía España como país y supuso el avance de la cohésion territorial y social a nivel nacional, regional y local.
Hoy en día, la implementación de los conocidos "Next Generation EU" va más allá de la construcción de rotondas, carreteras o edificios y se centra en el enfoque de un nuevo modelo de gestión de las políticas públicas con el objetivo de establecer nuevos marcos de relaciónn público-privada y transformar el tejido productivo y los servicios públicos.
Estas últimas semanas volvemos a ver cómo la historia se repite: el partido que se encuentra en la oposición emula a su padre político, el mismo que llamó "pedigüeño" a Felipe González cuando en su momento llegaron los fondos estructurales. Esta vez quieren iniciar una cruzada de judicialización de los fondos para seguir boicoteando el avance de España y remando a contracorriente de lo que hacen su homólogos europeos. Cierto es que no esperamos nada de aquellos que no han aportado ni una propuesta en positivo a la peor crisis sanitaria, social y económica de nuestra historia.
En este contexto es importante saber que España ha sido el primer país de la UE en recibir 10 mil millones de euros de los fondos Next Generation EU y no es casualidad sino fruto de un trabajo bien hecho liderado por el Gobierno de España. Con esta decisión, la Comisión Europea ha situado a España como principal referente en la planificación y gestión de los planes de recuperación por los siguientes motivos.
Ha sido un año frenético y de mucha intensidad donde se ha puesto toda la estructura en marcha. En octubre de 2020, se presentó el primer borrador del Plan ante la Comisión. Acto seguido, se publicó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, dirigido a la nueva gobernanza y estructura del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Empezamos en enero de 2021 con la incorporación de los manifiestos de interés para orientar a los diferentes actores e ir preparando las convocatorias. En el mismo mes se aprobaron los presupuestos generales de estado (PGE) del 2021 y 27.000 millones destinados al Mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR).
En marzo, nacen los PERTES como programas sectoriales en sectores estratégicos y permiten posicionarse a nivel mundial como referente en la cadena de valor industrial. En abril, se llevó a cabo la presentación y aprobación del PRTR en el Congreso de los diputados y se envió a la Comisión todas las reformas e inversiones del España Puede.
En junio, la Comisión aprueba el Plan España Puede con una de las mejores notas de los 27 Estados miembros y en julio, empiezan a salir las primeras convocatorias. También, el mismo mes se aprueba en Consejo de Ministros el primer PERTE y se la da forma jurídica. En agosto, España recibe los primeros 9.000 millones de euros de fondos europeos para financiar el Plan de Recuperación.
En septiembre, se publican dos Órdenes del Ministerio de Hacienda y Función Pública que regulan el sistema de gestión de los fondos europeos contemplados en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. En octubre, en Consejo de Ministros extraordinario se aprueba el proyecto de ley de los PGE 2022 con una subida de los recursos para juventud, ciencia e innovación, dependencia, industria y pymes. En noviembre se incrementa el ritmo: se aprueba en Consejo de Ministros el PERTE para la salud de vanguardia, España solicita el desembolso de la primera fase de los "Next Generation EU" y se lanza el primer Boletín semanal con todas las novedades sobre convocatorias, licitaciones y líneas de cada ministerio. La Comisión Europea aprueba el plan de PGE 2022 de España y cumpliendo con el efecto multiplicador se hace efectivo el lanzamiento de las redes sociales exclusivas para la difusión PRTR con el objetivo de mejorar la información y la transparencia. En diciembre, se realiza la presentación del informe de ejecución con el cumplimiento de 52 hitos, 21 reformas aprobadas y alrededor de 400 convocatorias de concurrencia competitiva. A ello se suma la aprobación de las grandes reformas, laboral y pensiones, junto todos a los agentes sociales por primera vez en 40 años. También, se aprueban los PGE del 2022 y se inicia el pago del primer tramo por parte de la Comisión Europea.
Por lo tanto, con toda la exposición del trabajo realizado hasta la fecha se demuestra con hechos, que la gestión de los fondos europeos responde a una política útil y necesita de la colaboración política e institucional. La asignación territorial de los fondos se hace a través de las conferencias sectoriales de cada ministerio. Las comunidades autónomas vendrán a gestionar el 50% del plan y debemos de entender e interiorizar que los fondos europeos son una cuestión de país y dejar de lado individualismos y partidismos.
Nos encontramos en la segunda fase, la de implementación, y los resultados empezarán a verse en meses. Evidentemente, seguimos con la debilidad de la falta de capital humano especializado en la gestión de los proyectos europeos para reforzar la estructura de la administración y las empresas. En la actualidad, los procedimientos y los canales para empezar a preparar y ejecutar proyectos son muy concretos. Hay que seguir mejorando la coordinación interinstitucional, pero la actitud proactiva por parte de todos los agentes políticos, sociales y económicos es clave.
