Francisco José Adán Castaño. FOTO: EPDAMe resulta curioso cuando surge la dicotomía entre político-legal en el tema catalán. Me resulta tremendamente curioso porque aunque, efectivamente, el movimiento independentista sea, a todas luces, un problema político ( amén de otros tipos de problemas cuyo origen psicológico me veta el análisis) , no deja de manifestarse de una forma legal.
El Parlamento Catalán ha aprobado una Ley de Consultas, se trata de la expresión jurídica de una voluntad política, en este caso de la casta política catalana ( echo de menos a un iluminado de pelo largo y recogido que habita por las frías tierras de Bruselas) que ha conseguido generar un problema de donde no lo hay.
Todo movimiento independentista se fragua en la necesidad del que está viviendo de esa idea, de generar un enemigo, alguien que lo que hace o ha hecho en un pasado cercano o muy muy lejano, es producir una injusticia sobre ese determinado pueblo, que ha quedado impune y pariendo una y otra vez, día tras día, injusticias a los pobre ciudadanos, que viven oprimidos por el enemigo exterior. Y si no ha sido así, pues se lo inventan, como es el caso catalán, y a seguir alimentando el odio.
Si hemos llegado a la conclusión que la voluntad política del Parlamento catalán se ha manifestado en un acto jurídico, lo mismo ocurrió con la Constitución Española. La Carta Magna es la expresión legal de una voluntad política en el que el pueblo de un país se auto otorga un marco jurídico o unas normas, para regirse así mismos. De ahí que la primera norma de todas sea que la soberanía reside en el pueblo español, es decir, quien manda para cambiar las normas que afectan a todos es el pueblo español cuya voluntad se traslada al Congreso y Senado representado por los diputados y senadores.
Esa falaz dicotomía entre política y legalidad, siempre sale a la luz cuando algunos decimos que Cataluña no puede decir que es España, porque eso lo deciden los españoles y decir que Cataluña no es España supone modificar por una norma lógica y aplastante qué es España, desde un concepto telúrico, desde un punto de vista político, desde un prisma meramente iuspositivista y por supuesto, desde un sentimiento conceptual.
Sea cual fuere la razón por la que uno se opone a al referéndum de independencia catalán lo que no cabe es acudir al Derecho, como hacen los independentistas, invocando de forma totalmente extemporánea y maniquea el derecho a la independencia de los pueblos consagrado en los Derechos Humanos, y zanjar la conversación cuando lo que se argumenta en contra es derecho, con la argumentación: "la Constitución no es intocable".
Efectivamente, la Constitución no es intocable, al contrario, es tocable y modificable, y para eso se diseña un mecanismo para que esta sea modificada en el Congreso de Diputados y Senado, porque no deja de ser la norma que rige y sirve a todos y para su modificación todos hemos de opinar, no sólo una parte.
Existe un problema político en Cataluña que el resto de españoles no hemos generado, ni el resto de catalanes que viven en esa tierra y que no quieren saber nada de este proceso. La obligación del Gobierno es resolver problemas políticos con política pero siempre dentro del Estado de Derecho y con respeto al Ordenamiento Jurídico. Tener que aclarar este punto a veces produce hastío e incluso enfado, porque no se puede abrir la veda de que el Gobierno de España pueda respetar casuísticamente la Constitución.
Políticamente se debe usar el referéndum, está recogido en el marco normativo. Se puede plantear una política más o menos participativa con los ciudadanos. Se puede modificar la Constitución, incluso plantear una diferenciación territorial en la que algunas Autonomías devuelvan competencias al Estado y otras tengan más autonomía. Todo es planteable en democracia, pero siempre dentro del marco de debate que nos hemos planteado y siempre dentro de los cauces. Lo demás es amoral, es ilegal y es totalitario y no se puede negociar en política, bajo amenaza y chantaje.
