Agricultura, ganadería y pesca. Esenciales para el ciudadano, olvidadas por el Gobierno

El 13 de marzo de 2020 se decretó en España un estado de alarma sin precedentes debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. En las semanas más duras de la primera ola de la crisis, además del inolvidable sufrimiento de los enfermos y familiares, esta etapa se caracterizó por la solidaridad en forma de un cumplimiento generalizado del confinamiento por parte de la población y por un reconocimiento de los héroes de la pandemia. Si recuerdan, este simbólico reconocimiento se plasmaba diariamente mediante los aplausos diarios en muchos balcones y ventanas a sanitarios, policías, bomberos y demás servicios esenciales, entre los que se incluían las personas que diariamente desde el campo, desde las granjas, desde el mar y desde la cadena de distribución nos proveían de alimentos, impidiendo que el shock sanitario y de productos médicos, también se convirtiera en un shock de oferta de cualquier otro producto básico alimenticio, sobre todo en las grandes ciudades y poblaciones geográficamente más solitarias.

Dos años después de todo esto, parece que este reconocimiento real y sentido ha pasado al olvido, no por parte de los ciudadanos de a pie, sino por parte de los gobernantes estatales. Nuestros sectores agrícola, ganadero y pesquero han sido equivocadamente siempre los grandes olvidados de los sucesivos gobiernos de la nación, obviando el gran peso que tienen estos sectores en nuestro propio país y en el extranjero.

En materia de agricultura, España es una potencia mundial. Con datos del año 2021, del total de población de España, casi el 10% vive en zonas de explotación rural, alrededor de 300.000 personas se dedican a labores relacionadas directamente con el campo y la contribución de la agricultura al PIB de España es del 3%. La industria agrícola española es uno de los principales sectores económicos del país en términos de empleo, volumen de negocios y exportaciones, siendo las exportaciones agrícolas superiores a nuestras importaciones, por lo que la balanza comercial es siempre positiva.

España lidera actualmente la producción mundial de aceite de oliva, es uno de los principales productores de vino del planeta y, junto con Francia, está considerada como la 'despensa de Europa' en cuanto a productos provenientes del campo. Sin embargo, por ejemplo, en el periodo comprendido entre 2014 y 2020, España recibió fondos europeos destinados a la agricultura en un valor porcentual significativamente inferior respecto a Suecia, Finlandia, Austria, Francia, Irlanda, Alemania o Dinamarca.

Respecto al día a día de nuestros agricultores, recuerden por ejemplo, que en febrero de 2020 ya hubo un estallido en las calles en forma de manifestaciones por la caída generalizada de los precios a pie de campo y su nulo retorno. Esta situación, dos años después, sigue manteniéndose, acentuada aún más por la acuciante inflación, que está atacando directamente a la cesta de la compra de los ciudadanos. Ahora, a pesar de que pagamos más por las frutas y verduras, todo el nuevo margen excesivo repercutido en el precio final que pagamos se queda, sobre todo, en la cadena de distribución y no en el agricultor.

En clave autonómica, el fin de 2021 nos ha traído, de nuevo, un cierre de ejercicio catastrófico para la agricultura valenciana. Los representantes de los agricultores han cifrado en 640 millones de euros las pérdidas que el sector acumula, además de que los costes de producción se han disparado debido a la inflación que afecta a la electricidad en más del 250%, al gasóleo en más del 70% o a los abonos en casi el 50%, entre otros muchos más costes sin control. A esto, hay que sumarle los problemas históricos de abandono de tierras, la falta de relevo generacional, las enfermedades y plagas de las cosechas, los daños por la meteorología o por la propia fauna natural, así como la pérdida de competitividad de los productos, la disminución de los márgenes de beneficios, la desigualdad en el reparto autonómico de ayudas de la PAC o una ley de Estructuras Agrarias sin proyectos claros ni presupuesto definido, entre otros muchos más problemas tangibles y cuantificables.

Ante esta situación, desde Ciudadanos hemos llevado a todos los órganos en los que estamos representados a nivel autonómico y local un plan de choque para el sector agrario valenciano, un plan de eficiencia energética, una batería de medidas de apoyo a la exportación, la puesta en marcha de una Ley de Estructuras Agrarias y proyectos de mejora de los controles, las inspecciones y la trazabilidad de producto. Toda una batería de medidas para nuestro campo y nuestros agricultores, que nos hacen ser útiles.

Respecto a la pesca, España es la principal potencia pesquera de la UE. En los últimos 20 años, el sector pesquero español se ha modernizado y profesionalizado significativamente, siendo un referente mundial por sus ejemplares prácticas y por su compromiso con la sostenibilidad. Con datos de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), España tiene una flota de 9.000 buques pesqueros, alrededor de 1.000.000 toneladas anuales de capturas marinas y da empleo directo a casi 35.000 personas. Sin embargo, desde el año 2020, el sector se ha enfrentado a una auténtica tormenta perfecta, proveniente de la propia Política Pesquera Común –PPC-, cada vez más restrictiva y que pasa por aplicar a la flota española el llamado 'Rendimiento Máximo Sostenible', intensificar las obligaciones de desembarque y tener que lidiar con toda la incertidumbre que ha supuesto y va a suponer los efectos del Brexit en el sector. Todo ello, una vez más, con unos gobernantes que le dan continuamente la espalda a nuestra pesca.

Me dejo para el final de este artículo a la ganadería. Sobre todo, porque colea recientemente, una vez más, el escándalo mayúsculo del ministro de Consumo Alberto Carlos Garzón. Lo que faltaba por oír y leer es que desde el propio Gobierno de España se haya atacado a nuestra propia ganadería. Me pregunto qué será lo siguiente. En 2021,  nuestro país exportó productos cárnicos por valor de 7.347,3 millones de euros, la mayoría porcino (4.602 millones). Andalucía, Castilla y León, Cataluña o Aragón son regiones líderes en cabezas de ganado en la Unión Europea. España es el quinto exportador mundial de carne. Lo kafkiano es que desde el propio Gobierno de España se ataca increíblemente a un sector propio, que tiene más de 14.000 ganaderos y emplea directa o indirectamente a más de 100.000 personas.

El Consejo de Ministros está para gobernar y desarrollar políticas de sostenibilidad económica, ambiental, social y para apoyar al mundo rural, a su ganadería y agricultura, así como a la pesca española. El Consejo de Ministros no está para tener comentaristas con escaso acierto como el ínclito Garzón, pues con sus declaraciones, perjudica a los ganaderos y daña la imagen de España, pudiendo generar un efecto de desplazar la producción cárnica a otros países con estándares de calidad de producto y de trato animal mucho peores que en España, que son excelentes.

Si a mí me preguntan sobre el modelo extensivo o intensivo, obviamente, les contestaré que prefiero el extensivo. Pero tengan en cuenta, que el sectarismo de Garzón es tan grande, que en sus declaraciones da por sentado que todas las instalaciones de ganadería intensiva incumplen sistemáticamente las normas medioambientales de prevención de contaminación de suelos y aguas. Garzón asume que la carne producida por dichas instalaciones es de "mala calidad", y que los animales son maltratados. Sin embargo, en la realidad, España está entre los mejores reguladores a nivel europeo, dentro de una UE que, de por sí, es de lejos el actor más ambicioso en la transición ecológica de la ganadería y la agricultura a nivel global.

De todas formas, es curiosa la hipocresía del gobierno socialista, comunista, separatista y filoetarra actual de España, con su extensión a aquellas Comunidades Autonómas donde gobiernan los mismos partidos. Pongo por ejemplo, que mientras en el Parlamento Autonómico valenciano, diputaciones y principales ayuntamientos como el de València, se debatía sobre el modelo de explotación ganadera, donde Compromís y PSPV atacaban ferozmente el modelo intensivo, al mismo tiempo, la Consellería de Agricultura valenciana había dado el visto bueno a la ampliación de una explotación ganadera en la población e Ayora, pasando de 750 cerdos a 7.200 animales. Con esto queda todo dicho.

En todo este asunto, Ciudadanos no ha dejado solo ni dejará solo nunca al sector ganadero en ningún territorio de España. Además de apoyar al sector y a sus productos, nuestro partido está pidiendo al Gobierno de España un mayor compromiso con el desarrollo de las prácticas innovadoras en el sector agroalimentario que, en colaboración con la comunidad científica, permitan avanzan en la mejora de la producción y su sostenibilidad. Igualmente, pedimos al Gobierno aprobar un plan integral de ayudas específico para el sector ganadero para la mejora de instalaciones y para asegurar la mínima afección a suelos y aguas, así como el máximo nivel de bienestar animal. Todo ello, junto con un esfuerzo para la promoción y el consumo de los productos a nivel nacional e internacional, reforzando su proyección y remediando los daños que hayan podido ocasionar las declaraciones del ministro de Consumo.