Aprobados los Estatutos de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio por el Consell se abre una nueva etapa en el urbanismo valenciano de colaboración entre los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana.
El suelo rural es un recurso natural no renovable y de difícil recuperación por ello su conservación requiere que la protección de la legalidad urbanística sea efectiva. Sin embargo, todos sabemos que este tipo de suelo ha sido objeto de ilegalidades continuadas, fundamentalmente porque tanto los propietarios como las administraciones no le han dado el valor que realmente tiene esta clase de suelo y ha habido una tendencia a su edificación ilegal amparada por la permisividad de la propia sociedad y, en muchos casos, de los responsables políticos y las administraciones en general.
Es un hecho que han proliferado por todo el territorio valenciano construcciones ilegales. Esta situación se ha revelado como una seria amenaza contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, fundamentalmente por la carencia o insuficiencia de servicios mínimos (como la evacuación de aguas residuales, que es sustituida por pozos ciegos que filtran a los acuíferos o la recogida de residuos, surgiendo vertidos incontrolados), el consumo energético y la destrucción del medio natural y del paisaje. Una edificación descontrolada se erige como una amenaza seria para la ordenación territorial sostenible, siente difícil la reversión o reparación de la realidad física anterior a la infracción urbanística.
Desde 1995, con la modificación del Código Penal la edificación en suelo no urbanizable sin licencia pasó a ser un delito. Pero ni aun así la sociedad en su conjunto reaccionó contra las infracciones continuadas en nuestro suelo rústico.
Y una de las razones principales de esta situación es la proximidad del infractor con la administración local. No siempre los ayuntamientos han reaccionado bien y de forma ágil contra los infractores. Seguramente porque el nivel de relación entre político, funcionario e infractor es demasiado directo y próximo.
A tal efecto, la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la LOTUP creó y estableció el régimen jurídico de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT). Con esta Agencia pública de la Generalitat Valenciana los ayuntamientos podrán desviar los trabajos de control y restauración de la legalidad urbanística a un organismo autónomo sin tener que asumir directamente la pesada tarea de enfrentarse con sus vecinos infractores.
La Agencia, que tendrá por sede la ciudad de Elx, tiene por finalidad esencial velar por la utilización racional y legal del suelo conforme a la Ley 5/2014, de 25 de julio, y el resto de legislación urbanística. La función de la Agencia es ejercer las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística de la Generalitat, respecto de infracciones graves o muy graves cometidos en suelo no urbanizable, común o protegido, de forma exclusiva en los municipios que se adhieran a la Agencia y de forma compartida en los que no se adhieran.
Respecto a estas actuaciones surgidas al margen de la legalidad, la LOTUP, regula los procedimientos de minimización del impacto territorial, ambiental y paisajístico de las viviendas que carecen de licencia de obras y de ocupación, y que estuvieran totalmente terminadas en fecha anterior al 20 de agosto de 2014. Todas aquellas construidas ilegalmente después de esta fecha van a ser objeto de restauración de la legalidad urbanística a través de la AVPT.
En el mismo caso se encuentran las industrias irregulares en suelo no urbanizable, que también las hay. Y que, gracias a la disposición transitoria decimoquinta de la LOTUP, van a poder regularizar su situación de forma excepcional antes de que finalice este año y de forma absolutamente excepcional.
La complejidad de la normativa urbanística y la evolución tecnológica en esta materia exigen un alto grado de conocimientos técnicos y requiere, en el ámbito de la protección de la legalidad urbanística, de un constante asesoramiento y formación del personal de las administraciones públicas y de los sectores profesionales implicados. Por ello, los objetivos básicos de la nueva AVPT son poner en funcionamiento burocrático, administrativo y competencial un instrumento que garantice el cumplimiento de la ley en el suelo no urbanizable (suelo rural); que prevenga la comisión de infracciones urbanísticas; que tramite los procedimientos de protección de la legalidad urbanística respecto a las infracciones urbanísticas; que fomente la minimización del impacto territorial, ambiental y paisajístico de las viviendas surgidas al margen de la legalidad; y que divulgue la normativa y los instrumentos en materia de protección de la legalidad urbanística con el objeto de cambiar la cultura de utilización de nuestro suelo rural y realizando una labor pedagógica que evite las agresiones al mismo.
Las líneas de actuación de la nueva AVPT se centran en fomentar la adhesión de los municipios y coordinar su actividad con el resto de las administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad, impulsando la redacción del Plan de Inspección Urbanística de la Comunidad Valenciana, de forma coordinada con los Ayuntamientos adheridos y el resto de las administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad. Y manteniendo un sistema de información territorial actualizado, en materia de protección de la legalidad urbanística, mediante la Infraestructura de Datos Espacial de la Comunidad Valenciana. Fomentar la investigación de técnicas de detección automatizada de cambios sobre el territorio. Tramitar los procedimientos de protección de la legalidad urbanista, sancionador y de restauración de la legalidad, respecto a las infracciones urbanísticas denunciadas. Acometer el seguimiento de la ejecución de las órdenes de demolición dictadas y firmes y fomentar la ejecución voluntaria o, en caso contrario, materializar la ejecución subsidiaria. Geolocalizar las actuaciones urbanísticas que pueden ser objeto de minimización de su impacto territorial, ambiental y paisajístico, e industrias ilegales en suelo rural de la Comunidad Valenciana y las que son posteriores al 20 de agosto de 2014.
Otra de las líneas de actuación de la AVPT va a ser la impugnación ante la jurisdicción contenciosa-administrativa las licencias municipales que se consideran que no se ajustan al ordenamiento jurídico urbanístico, y su denuncia ante la fiscalía ya que, recordemos de nuevo, construir sin licencia en suelo no urbanizable es un delito.
La Agencia Valenciana de Protección del Territorio ya ha llegado y lo es para ponerse en funcionamiento ya con todos aquellos ayuntamientos que quieran colaborar con un mejor control de nuestro territorio.
