Ley de plurilingüismo: una película sin final feliz

El pasado 22 de febrero de 2018 se publicaba en el DOGV la Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. Pero la película del plurilingüismo en nuestra comunidad no empezaba ahí, sino un año antes, el 6 de febrero de 2017 con la publicación del Decreto 9/2017, por cual se establecía el modelo lingüístico educativo valenciano.

CSIF impugnó ese decreto ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por vulnerar el derecho a la igualdad, ya que suponía un trato claramente discriminatorio para el alumnado que cursara sus estudios en castellano. Aunque resulte increíble con este decreto, y según su Disposición Adicional Quinta, se certificaba titulación de inglés a aquellos alumnos cuyo programa lingüístico incluyese más horas lectivas de valenciano, una medida inconstitucional por cuanto resulta contraria al principio de igualdad, al suponer el factor lingüístico un elemento discriminatorio. ç

La justicia daba la razón a CSIF estimando su recurso y dejando sin efecto el decreto, el TSJ concluía que esa disposición adicional realizaba una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano y por ello vulneraba derechos susceptibles de amparo constitucional.

Tumbado en los tribunales el primer decreto, la Conselleria preparó otro texto, esta vez con rango de ley y a cuyo borrador CSIF presentó numerosas alegaciones y propuestas de mejora, como que los centros pudiesen optar como hasta ese momento por dos líneas lingüísticas, de manera que pudieran convivir perfectamente una con más horas en valenciano y otra con más horas en castellano. De este modo las familias tendrían más opciones para matricular a sus hijos en la línea que consideren adecuada sin verse obligadas a cambiar de centro. 

Además, CSIF mostró su disconformidad con el artículo 12 que implicaba que las acciones preferentes de Conselleria en cuanto a profesorado, materiales o promoción de actividades irían destinadas, prioritariamente, a centros con más horas lectivas en valenciano. Consideramos que el criterio para realizar esas acciones preferentes debería basarse en las necesidades reales de cada centro y no en la lengua escogida. También exigimos la retirada del artículo 11 que promueve que los centros opten por la mínima carga lectiva en castellano, es decir, un 25% del total. Todas estas peticiones con las que pretendíamos que se valorasen de igual manera nuestras dos lenguas oficiales y que cada comunidad educativa eligiese libremente y en igualdad de condiciones, fueron desestimadas por la Conselleria.

Finalmente esta ley se trasladó a Les Corts y se aprobó sin escuchar nuestras aportaciones y sin darnos opción a emprender acciones a nivel jurídico. Aprobado el texto, el calendario de implantación era progresivo, entrando en Infantil y primer ciclo de Primaria en el curso 18/19, segundo y tercer ciclo de Primaria en el curso 19/20 y en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Formación de Personas Adultas en el curso 20/21.

Esta normativa ha provocado que hayan desaparecido muchas líneas de castellano, reduciéndose las opciones que tienen las familias para escolarizar a sus hijos en centros con más horas lectivas en la citada lengua. También ha provocado que muchos colegios hayan tenido que hacer encaje de bolillos a la hora de elaborar horarios y cumplir los porcentajes establecidos. 

Pero lo más complicado lo veremos el curso que viene con la llegada del decreto a la educación secundaria, veremos de qué manera pueden llegar los centros a ese 15% mínimo de inglés y con qué recursos humanos cuentan para ello. También en zonas castellanohablantes donde los alumnos tienen derecho a la exención veremos cómo se materializa ese 25% mínimo en valenciano.

En definitiva, una película que parece no va a tener un final feliz, a tenor de las numerosas manifestaciones que se están produciendo últimamente en contra de la citada ley. Una ley basada en un decreto anterior anulado por la justicia, que no ha atendido las alegaciones y propuestas de mejora que se le han presentado, que no trata de igual manera a las dos lenguas oficiales de nuestra comunidad y que limita la libertad de elección de las familias. Una normativa así no puede ser positiva para nuestro sistema educativo.