La actual situación de crisis económica se está convirtiendo también en una crisis social. Las medidas adoptadas por las diferentes Administraciones Públicas del Estado y de la mayoría de Comunidades Autónomas están vulnerando claramente los derechos de más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias. Un colectivo que recibe apoyos y servicios en las casi 900 entidades de FEAPS. Son derechos que al movimiento asociativo representado por FEAPS le ha costado generaciones levantar, vidas enteras de esfuerzo no pueden ser desperdiciadas, y no estamos dispuestos a claudicar.
Esta situación incide directamente en los siguientes aspectos: La deuda por recortes, retrasos e impagos de contratos firmados entre nuestras entidades y las Administraciones Públicas supera en toda España la cifra de 73 millones de euros. Esta situación pone en peligro el apoyo y los servicios que FEAPS presta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Ello hace imposible garantizar que cada una de ellas tenga un proyecto vital de calidad, y que luchemos por la igualdad de oportunidades y la plena ciudadanía, como manda nuestra Misión.
Una merma de la cobertura del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia y los Servicios Sociales, cuyo presupuesto se ha reducido en 91 millones de euros desde el año pasado. Junto a ello, se recortan una media de un 15% las cuantías que recibían los cuidadores y cuidadoras (a los que además ya no se les dará de alta en la Seguridad Social); y prevemos que aumentará la presión sobre la persona en situación de dependencia, obligándola a participar en mayor medida en la financiación de sus propias prestaciones.
Además, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que no hayan accedido a este sistema, tendrán que esperar años para poder hacerlo o puede que nunca entren, ya que también se pretende revisar el Baremo de Valoración. La prevista reducción de un 45% del presupuesto destinado a Servicios Sociales supone que todas estas personas, que no van a tener reconocida su situación de dependencia, también verán recortadas sus prestaciones.
A todo esto hay que sumar los planteamientos equivocados de un sistema defectuoso que sigue apostando por atender a las situaciones de dependencia favoreciendo el asistencialismo y la institucionalización de las personas en vez de favorecer la autonomía personal y la permanencia en el entorno natural, un sistema en el que las personas siguen siendo "números" o "plazas" y no proyectos de vida de calidad. Una situación insostenible en el ámbito del empleo en la que 30.000 trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual o del desarrollo se verán, a este paso, abocados al desempleo, debido a la falta de respaldo presupuestario de las subvenciones a la contratación de personas con especiales dificultades de empleabilidad; subvenciones que han descendido este año en un 30%. A esto se suman los recortes e impagos de lo que se debe a los Centros Especiales de Empleo, y su consiguiente peligro de quiebra por falta de liquidez, deudas a proveedores, pérdida de competitividad, etc.
Estos centros especiales de empleo están ejerciendo un papel que –en una sociedad más inclusiva–, deberían garantizar las empresas privadas y públicas, fomentando el empleo de las personas con discapacidad, y cumpliendo las cuotas establecidas por la normativa vigente.
Como consecuencia de estas situaciones, peligra el principal pilar de la vida autónoma y digna de cualquier persona: su trabajo. Estos trabajadores se verán, de nuevo, abocados a una vida dependiente de sus familias y de su entorno cercano. Y cuando son el único sostén de sus familias, éstas quedarán desamparadas. Además, todo esto limita sus posibilidades reales de inclusión social: se les niega la posibilidad de contribuir con su propio esfuerzo a la actividad económica, pasando de ser ciudadanos activos y productivos, a generar más gasto social.
Otra vertiente de la situación en el ámbito laboral es la que afecta a más de 3.500 profesionales de FEAPS, que están sufriendo también recortes y retrasos en el pago de sus nóminas (que en algunos casos alcanzan ya los 7 u 8 meses). Estas devastadoras medidas impiden que desempeñen una labor crucial para garantizar el derecho de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias a tener una vida digna, con los apoyos y servicios de calidad que cada una de ellas necesita.
Una educación menos inclusiva y de menor calidad. La ampliación, en un 20%, del número máximo de alumnos por aula ya está afectando negativamente a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Ello provocará un retroceso en los pequeños avances que, con mucho esfuerzo, nuestro movimiento asociativo estaba logrando en el ámbito de la inclusión educativa; y abocará al alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo a nuevas situaciones de marginación y discriminación.
Una doble presión sobre la familia. Todas estas medidas se suman a aquellas que ya se están tomando con carácter general y que, como ciudadanos y ciudadanas, también están afectando a nuestro colectivo: nuestras familias y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo también sufren el paro y se les van a recortar las prestaciones por desempleo; también son funcionarias y se les va a recortar el sueldo, también tendrán que soportar una nueva subida del IVA, un mayor gasto sanitario y farmacéutico...
Todo ello continúa aumentando el esfuerzo económico que estas familias ya añaden a su gasto habitual por tener un miembro con discapacidad intelectual o del desarrollo en su seno. Un sobreesfuerzo que en 2008, según calculamos en FEAPS, alcanzaba una media de 25.000 euros al año por familia.
Ante esta situación, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, los profesionales y voluntarios, los dirigentes y la sociedad que nos acompaña, declaramos: Que las dificultades no son nuevas para nosotros: nos hemos enfrentado a ellas, y las hemos superado, desde nuestro nacimiento como organización hace medio siglo.
Que las personas y las organizaciones que formamos FEAPS somos las primeras que estamos arrimando el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándonos para que no afecte a nuestra gente, y para cumplir con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado, y que éste nos ha derivado.
Que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad. Que vamos a decir, alto y claro, que los recortes e impagos suponen una flagrante vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. Que lo que reclamamos, no es sólo dinero: es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades… En definitiva, de ciudadanía para nosotros y para el resto de colectivos en riesgo de exclusión con los que nos solidarizamos.
Que no estamos dispuestos a abandonar esta lucha: corremos el riesgo de retroceder décadas, de acabar con todo lo conseguido tras vidas enteras de lucha y esfuerzo, y volver a ser ciudadanos de segunda. Que representamos a más de 100.000 personas, y por ello, tenemos más de 100.000 razones para luchar. No vamos a permanecer impasibles: mientras una sola persona con discapacidad intelectual o del desarrollo se encuentre en una situación que le avoque a la marginación o a la pobreza, seguiremos luchando por ella.
Que nuestra reivindicación es tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque la sociedad que queremos es una sociedad de personas, una sociedad más justa y solidaria para todas ellas.
Por todo ello, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que se unan a nuestra lucha:
¡POR NUESTRA DIGNIDAD!
¡POR NUESTROS DERECHOS!
¡POR NUESTRA INCLUSIÓN!
