Uno de los supuestos trabajadores zombies de la empresa pública Imelsa Francisco Javier Cañizares (en la imagen, declarando). EFE- Ana Escobar
Uno de los supuestos trabajadores "zombies" de la empresa pública Imelsa Francisco Javier Cañizares ha solicitado al inicio del juicio un nuevo abogado de oficio porque "quería decir la verdad" y aseguraba sentirse obligado a "decir que trabajaba en Imelsa", cuando, según ha dicho, él se dedicaba a tareas de mantenimiento en la sede del PSOE.
La petición de este acusado se ha producido antes incluso de que las partes pudiesen exponer sus cuestiones previas, y ha propiciado un intenso debate en la sala.
Este acusado ha afirmado no sentirse defendido por su letrada, y ésta, tras conocer su posición, también ha pedido al tribunal renunciar a la defensa.
Tras asegurar que no reside en València y que se le había impuesto a la letrada que le iba a representar en este juicio, Cañizares ha insistido en que él quiere "decir la verdad". "Quieren que diga que he trabajado en Imelsa y yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento", ha insistido.
A la vista de estas declaraciones, la letrada Nuria de Antonio, ha asegurado que era la "primera noticia" que tenía sobre la posición de este investigado y ha planteado la renuncia a su defensa, porque "venía con la intención de presentar una prueba documental que, en su derecho de defensa, no sé ya si le conviene".
El presidente de la Sección Segunda, José Manuel Ortega, ha acordado finalmente no admitir la suspensión del juicio ni el cambio de abogado por no haberse formulado esta petición con más antelación. A su juicio, esta petición de renuncia podría tener un carácter intencionadamente dilatorio, y en caso de deberse a una causa sobrevenida se debería haber acreditado con mayor precisión.
La posición del presidente de la sala ha sido compartida por el fiscal anticorrupción y por el abogado de la Generalitat, que ejerce la acusación particular.
Según el escrito de acusación del fiscal, Francisco Javier Cañizares cobró 108.344,60 euros entre diciembre de 2011 y mayo de 2015 contratado por Imelsa como asesor.
El fiscal cree son falsos tres certificados de trabajos realizados por este acusado para Imelsa que llevan la firma del diputado socialista Raúl Pardos.
Por ello, Anticorrupción sostiene que "el acusado jamás acudió a la sede de la empresa pública para la que fue contratado realizando los servicios que venía haciendo en el PSOE, partido para el que desarrollaba el trabajo que le pagaba la empresa pública".
