Cien días de Mazón en la Generalitat Valenciana con las rebajas fiscales en el centro de su política

El president de la Generalitat, Carlos Mazón. /EFE

Cien días se cumplen este miércoles de la toma de posesión de Carlos Mazón como president de la Generalitat, un periodo en el que las rebajas de impuestos han protagonizado las políticas de un gobierno de coalición de PP y Vox que hasta ahora ha funcionado sin grandes fricciones.

Fue el 17 de julio cuando Mazón llegó al Palau de la Generalitat gracias al primer acuerdo cerrado entre PP y Vox en España tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo -en las que se puso fin a ocho años de Gobierno del Botànic- y dos días después nombró a su Gobierno, con seis consellers del PP y tres de Vox.

Reducción del gasto político y rebaja fiscal

En esa primera decisión, el president evidenció ya su intención de reducir la estructura de un Ejecutivo que tiene dos Consellerias menos y ha rebajado el número de altos cargos (30 menos) y de asesores (55 menos), lo que se calcula que supondrá un ahorro de 20 millones de euros esta legislatura.

Otras de las líneas centrales del nuevo Consell han sido las medidas fiscales, empezando por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones -llamado desde el Gobierno valenciano el "impuesto de la muerte"- para cónyuges, padres e hijos, a lo que ha seguido una reforma fiscal para poder desgravarse gastos como las gafas, el dentista o el gimnasio.

Mazón ha reivindicado que esta legislatura se va a estar "en reforma fiscal continua", pues aunque los presupuestos "no son infinitos" y se han encontrado "la peor herencia" en materia económica, considera que hay que ir adaptándose a las necesidades de la ciudadanía y tener más dinero en el bolsillo activa la economía.

Junto a esta medidas, se ha ampliado unos meses la rebaja del precio del transporte, su gratuidad para los más jóvenes, el aplazamiento del pago del canon de saneamiento -a lo que se han añadido bonificaciones para las familias más vulnerables- y la congelación de las tasas universitarias.

Y una decisión de calado en el ámbito sanitario que se acaba de anunciar: la Conselleria de Sanidad asumirá la gestión directa de los departamentos de salud de Dénia (Alicante) y Manises (Valencia) cuando acaben los contratos de esas concesiones en 2024, una reversión al sistema público cuyos trámites inició el Botànic y se ha decidido continuar tras analizar a fondo la situación.

La relación PP-Vox

El objetivo de Mazón tras pactar con Vox era que el Consell funcionara como un único gobierno a pesar de estar integrado por dos partidos, y después de tres meses de andadura no ha habido grandes discrepancias, más allá de una crítica del vicepresidente primero, Vicente Barrera (Vox), al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la diferencia de posturas sobre la violencia machista.

Barrera acusó en redes sociales a Feijóo de escupir "en la cara" a Vox cuando este partido se quedó sin representación en la Mesa del Congreso, un mensaje que luego fue borrado y al que Mazón restó públicamente importancia, al considerar que "un tuit borrado, borrado está".

También ha habido que encajar dos posturas en el seno del Consell sobre la violencia machista, ya que el PP condena esta lacra y Vox considera que hay actuar contra "todo tipo de violencia", hasta el punto de que ambos partidos votaron divididos en Les Corts una propuesta para impulsar el segundo pacto valenciano contra la violencia de género.

'Revalencianizar' la Generalitat

En materia lingüística, Mazón ha pedido "revalencianizar" los criterios lingüísticos de la Generalitat y que la Acadèmia Valenciana de la Llengua represente a todos los valencianos, y ha reclamado que el valenciano tenga en el Congreso de los Diputados "el mismo estatus de oficialidad que el resto de lenguas cooficiales".

También se ha puesto en marcha la modificación legislativa para que a partir del próximo curso en las zonas castellanohablantes no sea obligatorio estudiar asignaturas troncales en valenciano y para suprimir la Oficina de Derechos Lingüísticos, a la que el president se ha referido en ocasiones como la "Policía lingüística".

La tradición establece cien días "de gracia" para todo nuevo gobernante, un tiempo que Mazón considera que no le ha dado la oposición y que sí ha concedido su Ejecutivo a lo que se ha encontrado, sobre lo que a partir de ahora contarán "la verdad" a los valencianos, según explicó en su primera sesión de control en Les Corts.