El Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales avanzan con la aprobación del decreto que los regula

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula el Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales y los Consejos de Inclusión y Derechos Sociales de carácter local, así como la Mesa de Acción Concertada y el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

La creación de estos órganos está prevista en la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana aprobada en 2019, y tiene como objetivo fomentar la participación en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales (SPVSS) de las personas usuarias, sus familiares, la sociedad civil organizada y todos los sectores relacionados con el sistema, incluido el voluntariado social, de forma ágil, accesible y continuada.

Todos estos órganos tienen naturaleza colegiada y carácter deliberativo, consultivo, asesor y propositivo.

En concreto, el título II del decreto recoge la regulación, composición y funcionamiento del Consejo Valenciano de Inclusión es el órgano superior de participación de las entidades que trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales así como de las persones usuarias del SPVSS, adscrito a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Así, se configura como un órgano de representación de todos los agentes e instancias sociales con la finalidad de trasladar sus propuestas en materia de servicios sociales a la Generalitat.

Su finalidad es garantizar la existencia de cauces efectivos que faciliten la participación de la sociedad en la planificación, funcionamiento y evaluación del SPVSS con carácter consultivo y no vinculante.

En cuanto a los consejos zonales de inclusión y derechos sociales, su creación se basa en los principios de proximidad, municipalismo y equidad territorial. Para ello se constituyen en todas las zonas básicas recogidas en el Mapa de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, y son creados y gestionados por los ayuntamientos y mancomunidades de las que dependan.

Asimismo, en todos los municipios se podrán crear consejos locales, que son preceptivos en las ciudades de más de 20.000 habitantes y en todas aquellas localidades que gestionen áreas de servicios sociales.

Por su parte el Observatorio se constituye como órgano interdisciplinar, independiente, científico, de asesoramiento y propositivo, especializado en la gestión de datos y el conocimiento en materia de servicios sociales, con vocación de ser un espacio de referencia de análisis, estudio y estadística en la materia.

Para ello, colabora con la Generalitat en los trabajos de investigación aplicada, innovación y calidad relacionades con la prevención y la intervención individual familiar, de grupos o comunitaria  en materia de igualdad, inclusión, autonomía persona, diversidad o infancia y adolescencia, incluyendo los estudios de valoración de las condiciones socioeconómicas de la población, la medida de la vulnerabilidad social y de las necesidades de inclusión y la idoneidad de las estructures de atención social, entre otras.

Asimismo, participa en la evaluación de las condiciones laborales de las personas profesionales de servicios sociales, así como la propuesta de medidas que mejoren su salud laboral.

El decreto regula también la Mesa de Acción Concertada del SPVSS, como órgano colegiado de participación e instrumento de coordinación y colaboración en el desarrollo de la acción concertada en la Comunitat Valenciana, dando especial importancia a las relaciones con las entidades de iniciativa social que participan en el sistema, así como la constitución de las mesas sectoriales de participación.

Finalmente, el texto aprobado por el Consell sienta las bases para el desarrollo de los modelos de procesos participativos en el SPVSS, a través de procesos de participación en la planificación, gestión, seguimiento, organización, funcionamiento y evaluación de los servicios sociales y en todo los procesos de desarrollo normativo de este ámbito, a través de herramientas digitales y deslocalizadas que faciliten el conocimiento y accesibilidad universal a la participación de toda la ciudadanía en condiciones equitativas.