La sentencia 9/2012 de 18 de enero -publicada en el BOE el 11 de febrero y que deberían leer quienes optaron por premiar a un tránsfuga para buscar un gobierno estable- supone un paso más para evitar tentaciones de transfuguismo por cuestiones económicas. Un concejal adscrito ni puede cobrar más ni tener más responsabilidades que cuando pertenecía a su partido. Así de claro.
Preguntado por este periódico, Julián admitió no haberla leído ''porque no es mi obligación leerla'' y preguntado sobre si la sentencia podría tener consecuencias respecto al tránsfuga Mingarro, el otro teniente de alcalde señaló que ''los servicios jurídicos estarán valorando si estamos en la misma situación'', aunque no especificó si se refería a los del Ayuntamiento -que no vieron nada malo cuando ficharon al primer tránsfuga de España- o a los del propio Partido Popular.
Dada la ignorancia sobre el contenido de la sentencia, El Periódico de Aquí le prestó la misma -que al estar publicada en el BOE es de acceso público para todos- para que Carlos Julián se la fotocopiara.
La noticia publicada el pasado viernes 9 de marzo en portada de El Periódico de Aquí del Camp de Morvedre ha generado una gran polémica, hasta el punto de que una funcionaria afectada indirectamente por la información 'secuestró' un buen número de ejemplares, según ha podido saber este periódico. Tampoco gustó al equipo de gobierno municipal, pues alguno de sus miembros se puso en contacto con este medio para advertirle que ''se olvide de Canet d'En Berenguer para siempre'', entre otras lindezas que no se pueden reproducir.
Pero el caso es que las prisas son siempre malas consejeras, incluso cuando las decisiones se toman con la justificación de informes interesados. Es lo que le sucedió al Partido Popular de Canet d’En Berenguer, quien se quedó el 22 mayo a un concejal de la mayoría absoluta y optó por un extraño pacto con el primer tránsfuga de España, Carlos García Mingarro, del Partido Socialist, en lugar de gobernar en minoría o hacerlo con acuerdos puntuales con partidos de la oposición.
Ahora, el Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia, por un caso similar en Dénia, que pone a los pies de los caballos al alcalde, Leandro Benito, y su equipo. En ésta el TC valida la norma que impide a un concejal no adscrito ganar más que cuando pertenecía a su grupo político. La sentencia es demoledora y su análisis no deja lugar a las interpretaciones.
El Partido Popular de Canet, que ya sufrió un gran debate entre quienes apoyaban el fichaje del primer tránsfuga de España -entre ellos el alcalde, Leandro Benito, apoyado por personas que no son del PP- y los que estaban en contra, curiosamente el ahora molesto con este periódico, Carlos Julián.
Estas circunstancias salpican de lleno a Carlos García Mingarro. Éste se presentó en la lista del PSPV como número 3 y enseguida pactó con el PP un gobierno estable, premiado como teniente de alcalde, ostentando las delegaciones de Agricultura, Medio Ambiente y Deportes y cobrando por ello.
Herranz: Devuelve el acta
La noticia se produce justo cuando la ejecutiva federal del PSOE lo ha expulsado del partido, con un escrito muy tajante.
Nada más conocer la expulsión, el portavoz del PSPV y ex alcalde, Octavio Herranz, señaló que ‘‘lo único que pedimos ahora es que devuelva los 250 votos secuestrados, que nos devuelva su acta de concejal que obtuvo dentro de la candidatura socialista’’.
‘‘Y al PP le exigimos que cumpla con la ley de Bases de Régimen Local, que dice que un concejal del grupo de no adscritos no puede cobrar más que cuando estaba en el partido de origen’’. Una ley que ha ratificado el TC, por lo que el Partido Popular de Canet o de la provincia de Valencia deberán mover ficha.