La Ciutat de les Arts i les Ciències ha advertido a la empresa concesionaria de Umbracle de que deberá ajustarse a la ordenanza acústica municipal y respetar los derechos fundamentales de los vecinos reconocidos en la reciente resolución judicial sobre contaminación sonora.
Vigilancia sobre los niveles de sonoridad
Además de trasladar este requerimiento a la concesionaria, CACSA ha solicitado a la Policía Autonómica que intensifique las rondas de control en el entorno del recinto con el fin de verificar que en Umbracle se cumplen los niveles de sonoridad exigidos por la normativa municipal.
Advertencia expresa a la concesionaria
La entidad pública ha comunicado a la empresa gestora que, mientras está pendiente de resolución el incidente de ejecución sobre el alcance de la sentencia, deberá suspender cualquier actividad musical en la Terraza L’Umbracle que suponga incumplir la normativa de contaminación acústica o implique una vulneración de los derechos fundamentales de los residentes.
Una sentencia que obliga a actuar
La comunicación llega después de la Sentencia 78/2026, dictada el pasado 24 de marzo por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia, que estimó la demanda presentada por varios vecinos de la zona.
La resolución judicial concluye que el Ayuntamiento de València vulneró los derechos fundamentales a la intimidad y a la integridad moral de los afectados y le obliga a adoptar medidas para impedir de forma definitiva nuevas vulneraciones, incluyendo la revocación de autorizaciones o la reubicación de actividades si fuera necesario.
Resoluciones municipales en la misma línea
CACSA también ha tenido en cuenta las resoluciones municipales emitidas el 31 de marzo y el 23 de abril, en las que se insiste en el cese inmediato de cualquier actividad dentro del recinto que pueda contravenir el contenido de la sentencia.
Compromiso con el cumplimiento judicial
La Ciutat de les Arts i les Ciències ha reiterado finalmente su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas, así como con la protección de los derechos fundamentales de los vecinos y la convivencia en el entorno.