Héctor González El mandato del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
València ha empezado con subidas. Primero fue en el número de asesores, después
en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y luego en la cifra de de calles
a peatonalizar, incluida parte de la emblemática, y epicéntrica en la ciudad,
plaza del Ayuntamiento.
Uno de los temas que más afecta a los diferentes partidos y
menos repercute en la ciudadanía lo constituye el nombramiento de asesores, una
cuestión en la que se afana como prioritaria el alcalde Ribó y su conglomerado
de concejales, tanto de Compromís como de PSPV-PSOE. El presidente de la
Generalitat, Ximo Puig, justificó el incremento de estas contrataciones a
escala autonómica en que mejoraría la gestión. Cuando el cargo superior recurre
a un argumento, los inferiores –alcaldes y concejales- suelen repetirlo. Si lo
dice él, el resto también podemos sin reparo alguno, suelen pensar.
Como hicieron los diferentes partidos cuando el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a finales de julio que hasta los
estertores de agosto no retomaría las infructuosas negociaciones para la
investidura. Si el máximo mandatario de España se va de vacaciones durante
prácticamente un mes, el resto podemos hacerlo sin cargo de conciencia ni
justificación alguna ante el electorado, por muy crítica que sea la situación, asume
de manera automática el resto.
Y volviendo a lo comentando en el segundo párrafo, la
designación de asesores supone una de las cuestiones que más altera la vida de
los partidos. Los jugosos salarios (58.000 euros anuales -y por encima de 7.000
más si recae en esa persona la coordinación de grupo-) provocan que aparezcan
numerosos aspirantes, algunos de los cuales se llegan a considerar desairados
si no recae en su persona el nombramiento.
Ya no lograron ir encabezando listas ni aspirar a los 74.000
euros –casi idéntica cantidad que la declarada el pasado año por el mismísimo
president de la Generalitat- de los concejales con delegación, ni de lejos a
los 84.000 del alcalde (todos se han subido un 2,5% la nómina al iniciar el
mandato), y ahora también se han quedado sin cargo y nómina de asesor que, por
cierto, supera la de un diputado autonómico. Esta situación genera tensiones
internas en el partido, o, con más precisión, en los partidos, porque afecta
tanto a los de gobierno como a aquellos que están en la oposición municipal.
Una vez subidos los sueldos de concejales y contratados asesores,
cargo para el que no exigen cualificación objetiva alguna, empieza teóricamente
la gestión. De momento, con el anuncio del incremento del IAE a empresas y con
más proyectos de peatonalización y carriles bici. El polifacético concejal de
Movilidad, Giuseppe Grezzi, ya lo ha avanzado utilizando el clásico argumento
que emplean políticos de todos los colores y pelajes para justificar sus
decisiones: “la ciudadanía nos ha avalado con sus votos”. Ya está todo dicho.
Ahora, tanto gobierno como oposición disponen de casi cuatro años para
demostrar su capacidad.
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