La futura depuradora que dará servicio a varias urbanizaciones del Camp de Túria ha despertado el interés de vecinos y vecinas. El polideportivo de la urbanización Torre de Porta Coeli se llenó este martes en la reunión informativa en la que participaron representantes de Serra, Olocau, Bétera y La Pobla de Vallbona para explicar el estado de un proyecto largamente esperado en la zona.
Al encuentro asistieron los alcaldes Alicia Tusón (Serra), Antonio Ropero (Olocau), Elia Verdevío (Bétera) y Abel Martí (la Pobla de Vallbona), junto a personal técnico de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), en una sesión en la que también se resolvieron dudas de los vecinos.
Una respuesta a un problema histórico en las urbanizaciones
La futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) permitirá conectar los alcantarillados de distintas urbanizaciones de los cuatro municipios, dando respuesta a una necesidad arrastrada durante años en estas zonas residenciales.
El crecimiento de las urbanizaciones en los términos de los cuatro municipios ha ido evidenciando carencias en infraestructuras básicas de saneamiento, una situación que este proyecto pretende corregir con una solución conjunta.
Un proyecto en marcha, pero con trámites pendientes
Durante la reunión se explicó que el proyecto ya ha sido remitido a los ayuntamientos para su aprobación en pleno y que su publicación será uno de los próximos pasos antes de iniciar la adquisición de los terrenos necesarios.
No obstante, todavía quedan fases por completar, como la compatibilidad urbanística, los estudios técnicos o la disponibilidad de suelo, lo que sitúa el horizonte de ejecución en torno a los cuatro años.
En los últimos meses, además, se han intensificado las reuniones de coordinación entre los cuatro municipios para avanzar en la tramitación de esta infraestructura.
Inversión autonómica y reparto de cargas
La Generalitat asumirá la construcción de la depuradora y de las infraestructuras de conexión, con una inversión prevista de unos 38 millones de euros.
Por su parte, los ayuntamientos deberán facilitar los terrenos necesarios y asumir parte de los costes vinculados, como expropiaciones o aportaciones proporcionales en función del volumen de vertidos y la extensión de las redes.