El caso del subdelegado delGobierno José Rodríguez Jurado ha destapado no solo un presunto“traje a medida” funcionarial en Canet d’En Berenguer, sinotambién la pasividad —cuando no connivencia— de una oposiciónmunicipal que ha renunciado a ejercer el control democrático en unode los mayores escándalos recientes de corrupción local en laComunitat Valenciana.
El ascenso meteórico deRodríguez Jurado
La Agencia ValencianaAntifraude ha concluido que la promoción interna por la que JoséRodríguez Jurado pasó de la escala C1 a la A1 en el Ayuntamiento deCanet fue irregular, al vulnerar principios de mérito, capacidad eigualdad y configurar de facto una plaza “a medida” que lepermitiera cumplir el requisito formal para ser nombrado subdelegadodel Gobierno. Ese salto funcionarial, tramitado por un Ayuntamientogobernado por su mismo partido, fue el trampolín imprescindible parasu designación como máxima autoridad del Estado en la provincia,pese a que ya pesaban sobre el proceso selectivo varios recursos,informes críticos de Antifraude y una denuncia ante la Fiscalía.Pese a ese contexto, la Delegación del Gobierno, con Pilar Bernabé al frente, decidió elevarle alcargo en 2024, desoyendo las advertencias sobre la legalidad de sutrayectoria funcionarial y consolidando un patrónde favorecimiento político descrito expresamente por Antifraude.
Lejos de tratarse de una meracontroversia administrativa, la AVAF ha abierto una investigaciónformal por indicios razonables de “fraude” o “corrupción”,mientras el asunto se examina también en la Fiscalía Provincial deValencia y en el Tribunal de Cuentas. La plataforma de afectados porlas actividades delictivas del ex secretario municipal José AntonioSancho Sempere ha pedido públicamente el cese de Rodríguez Jurado,subrayando que los reparos de Antifraude ponen en duda la legalidadde su nombramiento y la limpieza de su carrera.
Canet d’En Berenguer:corrupción estructural y oportunismo político
El ascenso de RodríguezJurado no puede entenderse aislado del contexto de larga corrupciónen Canet d’En Berenguer, donde durante más de dos décadas se hadescrito la existencia de una verdadera “organización internaestructurada” para desviar recursos públicos mediante contratosamañados, asesorías ficticias y adjudicaciones a empresasvinculadas a autoridades y funcionarios. Las investigaciones sobre elex secretario José Antonio Sancho Sempere, las sentencias queapuntan a esquilmar al municipio en millones de euros y los contratosvinculados a empresas de su entorno dibujan un ecosistema donde elenchufismo y el trato de favor han sido la norma, no la excepción. Todo ello ha quedado plasmado en el libro El zorro en el gallinero.
En ese escenario, elexpediente de promoción de Rodríguez Jurado aparece como una piezamás de un entramado clientelar: un ayuntamiento ya señalado porAntifraude y por los tribunales aprovecha su autonomía organizativapara “fabricar” una plaza de alto rango a un funcionario afín,permitiéndole dar el salto a la élite administrativa del Estado.
Que la AVAF haya llegado aregistrar el propio ayuntamiento de Canet para recabar documentaciónrelativa a esa promoción, en el marco de diligencias por presuntofraude y corrupción, evidencia hasta qué punto el consistorio se haconvertido en un laboratorio de malas prácticas, donde la fronteraentre lo municipal y lo estatal se diluye en beneficio de una redpolítica concreta.
La oposición ausente:complicidad por omisión
Si el comportamiento delalcalde y del equipo de gobierno merece reproche, no lo merece menosla actitud de una oposición que, con los medios de comunicaciónrelatando informes demoledores de Antifraude, registros en elayuntamiento y requerimientos de la Fiscalía, ha renunciado autilizar las herramientas que el ordenamiento le confiere para exigirresponsabilidades y activar medidas urgentes. En un contexto en elque se habla abiertamente de corrupción estructural, de tramas deoposiciones amañadas y de perjuicios millonarios para el municipio,la falta de iniciativas contundentes —como la solicitud decomisiones de investigación internas, la exigencia de suspensionescautelares de funciones o la interposición sistemática de recursosy denuncias— solo puede interpretarse como complicidad por omisión.
La oposición municipal noestá para comentar el escándalo en redes ni para limitarse adeclaraciones retóricas, sino para convertir cada informe y cadasentencia en una palanca institucional: mociones plenarias,exigencias de comparecencia, peticiones de cese, activación demecanismos de fiscalización financiera y, cuando proceda, remisióninmediata de acuerdos y expedientes a la jurisdicción penal ycontable. Al no hacerlo, deja al vecino indefenso frente a una élitepolítico-funcionarial que se sabe impune, y envía un mensajedevastador: en Canet, la alternancia en los escaños no garantiza laalternancia en las prácticas.
Tabla: responsabilidadespolíticas en contextos de corrupción municipal
Actor municipal | Deber jurídico-político frente a indicios de corrupción | Riesgo si no actúa (político y jurídico) |
Alcalde y gobierno | Impulsar investigaciones internas, revisar contratos, apartar cautelarmente a implicados, informar a Fiscalía y órganos de control. | Responsabilidad política directa, posibles delitos de omisión de deber de perseguir delitos o encubrimiento si encajan tipos penales. |
Oposición en el pleno | Fiscalizar, exigir expedientes completos, promover comisiones de investigación, recurrir acuerdos, acudir a Antifraude, Fiscalía y Tribunal de Cuentas. | Complicidad política por inacción, pérdida de credibilidad, posibilidad de responsabilidad civil o penal si participa en acuerdos lesivos. |
Secretaría e Intervención | Emitir reparos, velar por legalidad y estabilidad financiera, informar a órganos externos si persisten irregularidades graves | Responsabilidad disciplinaria, contable y penal (prevaricación, malversación, falsedad documental, etc.) |
Qué medidas urgentes puedey debe exigir la oposición
En un escenario como el deCanet d’En Berenguer, con investigaciones abiertas sobre el ascensode Rodríguez Jurado y con un historial de corrupción sistémica, laoposición cuenta con un catálogo de medidas que no son una opción,sino una obligación democrática.
Transparencia y acceso a la información
Solicitud inmediata de todos los expedientes relacionados con la promoción de Rodríguez Jurado (bases, actas de tribunales, informes jurídicos, reparos, recursos) y con los contratos vinculados a Sancho Sempere y su entorno.
Exigencia de publicidad activa de contratos, convenios, declaraciones de bienes y de intereses de cargos y altos funcionarios, de acuerdo con las recomendaciones profesionales en materia de prevención de la corrupción.
Medidas cautelares frente a cargos y funcionarios implicados
Proposición de acuerdos plenarios para instar al alcalde a suspender cautelarmente de sus funciones a los funcionarios directamente afectados por investigaciones de corrupción, especialmente en áreas sensibles como contratación y personal, mientras se esclarecen los hechos.
Petición formal al Gobierno para el cese o, al menos, la suspensión de Rodríguez Jurado como subdelegado mientras duren las investigaciones de Antifraude, Fiscalía y Tribunal de Cuentas, tal y como ya han reclamado plataformas ciudadanas y formaciones políticas a nivel autonómico.
Control de la contratación y revisión de expedientes
Creación, por acuerdo plenario, de una comisión especial de revisión de los contratos adjudicados a empresas vinculadas a Sancho Sempere y otros actores investigados, con apoyo técnico de Intervención y, si es necesario, de órganos externos.
Encargo de auditorías externas sobre contratos de obras, servicios y suministros con mayor riesgo de corrupción, remitiendo sus resultados a Antifraude y al Tribunal de Cuentas si se detectan indicios de perjuicio económico.
Acción ante órganos externos: Antifraude, Fiscalía y Tribunal de Cuentas
Presentación sistemática de denuncias documentadas ante la Agencia Valenciana Antifraude cuando la mayoría de gobierno se niegue a corregir irregularidades detectadas por la propia oposición.