La exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez, del PP, ha llegado este miércoles a las 9:25 horas al Palacio de Justicia de la ciudad para prestar declaración como investigada en el caso de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, conocido como el escándalo de Les Naus. Su comparecencia está prevista a partir de las 10:00 horas ante la magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante y es una de las más esperadas desde que el caso saltara a la luz pública a finales de enero.
Gómez dimitió de su cargo en el momento en que se destapó el asunto, al ser identificada como beneficiaria de una de las viviendas protegidas adjudicadas de forma irregular. Su declaración se produce en la misma jornada que la de María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal de Contratación Pública y actual jefa del servicio de Contratación, cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas en la misma promoción. Ambas comparecerán como investigadas, asistidas por sus respectivos abogados.
Otros investigados
A ellas se suman otros dos investigados citados para este miércoles: el arquitecto municipal Francisco Nieto y el promotor de la cooperativa Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi. También ha sido llamado Roberto Palencia, funcionario de la Generalitat Valenciana apartado inicialmente de su cargo por ser adjudicatario de otra vivienda a través de su pareja sentimental, arquitecta del consistorio, y que fue el encargado de visar y examinar los expedientes en su condición de jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la delegación territorial autonómica.
Previamente, a las 9:00, han comparecido como testigos tres altos funcionarios municipales que no pudieron hacerlo en la anterior sesión debido a un error en la notificación de su citación: la jefa del servicio de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de ese mismo servicio Pablo Torregrosa; y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura.
El propio alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), fue quien empleó la palabra "escándalo" para referirse al caso, que ha desencadenado una intensa tormenta política en la ciudad. Además de las dimisiones ya mencionadas y de la causa judicial en curso, el asunto ha dado lugar a sendas comisiones de investigación, tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts Valencianes.