La Guardia Civil ha detenido a siete personas en la localidad castellonense de Nules acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. En el marco de la operación, que ha permitido liberar a 80 víctimas, dos de los arrestados han ingresado en prisión por orden judicial.
Según ha informado el instituto armado, la red desarticulada se encargaba de todo el proceso de captación, traslado y explotación de las víctimas, a las que sometían a condiciones que las fuerzas de seguridad describen como de semiesclavitud. A los detenidos se les atribuyen delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.
Falsas promesas de empleo y una deuda como forma de control
La investigación apunta a que la organización captaba a personas en situación de especial vulnerabilidad en distintos países a través de falsas ofertas de trabajo. En esos anuncios se prometían supuestas “buenas condiciones laborales, salarios dignos, alojamiento y manutención”, una realidad que desaparecía al llegar a España.
Una vez en territorio español, las víctimas eran obligadas a asumir una deuda que se convertía en el principal mecanismo de control y coacción por parte de la red.
Hacinamiento, jornadas extenuantes y sin contrato
Las personas explotadas eran alojadas en condiciones de hacinamiento extremo, en algunos casos sin acceso a agua o electricidad. Posteriormente, eran obligadas a trabajar en explotaciones agrícolas con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias, sin apenas descanso y con una remuneración inexistente o meramente simbólica, según la Guardia Civil.
Además, carecían de contrato laboral y documentación, lo que aumentaba su situación de vulnerabilidad. El control sobre ellas se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, generando un clima de miedo constante.
La operación, denominada ‘Balarama’, se ha desarrollado durante varios meses en coordinación con la Fiscalía Provincial de Castellón y con el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el dispositivo se han practicado cinco registros domiciliarios y se ha identificado como principales responsables a un matrimonio de origen pakistaní.
Las diligencias han sido ya puestas a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta para determinar el alcance completo de la red y posibles ramificaciones.