El Consell ha manifestado su rechazo a la intención del Ejecutivo central de asignar a la Comunitat Valenciana la acogida de cerca de 1.900 menores migrantes no acompañados, una medida que la Generalitat califica de “arbitraria, injusta e insostenible”.
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha asegurado que la Generalitat no aceptará “imposiciones” y ha criticado que el planteamiento se haya realizado, según sus palabras, “sin diálogo, sin planificación y al margen de las comunidades autónomas”.
En su valoración, la consellera también ha cuestionado el instrumento normativo propuesto por el Gobierno, al referirse a un borrador de real decreto que, a su juicio, surge de una Conferencia Sectorial “sin consenso” y que establece criterios de reparto que “no responden a la realidad” del sistema de acogida valenciano.
Desde el Consell se sostiene que la red de atención a menores ya se encuentra tensionada y que asumir un incremento de estas características sin recursos adicionales podría afectar a la capacidad de respuesta de los servicios sociales. En este sentido, Albalat ha advertido de que la medida “agrava aún más la tensión” del sistema y pone en cuestión la calidad de la atención.
La Generalitat ha trasladado su oposición a este modelo tanto en el ámbito político como en el judicial, al considerar que puede suponer una “invasión de competencias y una vulneración del principio de autonomía”. Además, ha reclamado al Ejecutivo central un cambio en la gestión migratoria, solicitando una política “coordinada” y dotada de recursos suficientes.