Según la notificación de sentencia del TSJCV que publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se imponen las costas procesales a la parte demandante (la Abogacía del Estado, que recurrió contra el Consell de la Generalitat y la Diputación de Valencia), fijadas en un máximo de 2.000 euros por todos los conceptos.
Esta sentencia, dictada el pasado 7 de diciembre por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo, o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV en el plazo de 30 días desde su notificación.