Las entidades de infancia de la Comunitat Valenciana han rechazado la prórroga de dos años propuesta por la Conselleria "al no garantizar una financiación que cubra los costes reales", y han denunciado que la situación pone en riesgo la acogida de 2.300 niños y niñas.
La Federación Española de Protección y Justicia Juvenil (FEPJJ) y la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (APIME), que representan a la práctica totalidad de las entidades del sector, han manifestado su disconformidad con la extensión de la acción concertada hasta junio de 2028.
El motivo del rechazo, según han manifestado sus presidentes, Daniel Bueno y Esteban Burillo, es "la intención de la Conselleria, que pretende extender el servicio dos años más sin ofrecer garantías para que los módulos económicos evolucionen en cuantía suficiente para cubrir los costes reales".
Ambas organizaciones gestionan 1.343 plazas de acogimiento residencial para menores tutelados por la Generalitat y 924 plazas en Centros de Día.
En este sentido, las entidades han indicado que están gestionando servicios especiales "con presupuestos diseñados para la realidad de hace ocho años", ya que en noviembre de 2022, el sector alcanzó un acuerdo con la entonces Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para actualizar unos módulos económicos que estaban congelados desde 2018, pero el cambio de Gobierno tras las elecciones de mayo de 2023 "dejó este compromiso en un limbo", han añadido.
Dificultad para cumplir el convenio colectivo sectorial
Uno de los puntos más críticos, según las entidades, es el cumplimiento de los compromisos salariales. El sector arrastra una pérdida de poder adquisitivo cercana al 22% desde 2008, y el cuarto Convenio Colectivo, pactado en octubre de 2024, estableció subidas salariales de un promedio del 4,4% anual.
Sin embargo, la Generalitat ha propuesto mantener la misma financiación por plaza de 2025 hasta 2028, "generando una brecha que las entidades, todas sin ánimo de lucro, no tienen capacidad de cubrir por su cuenta".
FEPJJ y APIME han advertido de que esta situación no solo genera conflictividad laboral, sino que pone en riesgo la estabilidad de los más de 3.500 trabajadores que atienden directamente a los menores en la Comunitat Valenciana. Ambas organizaciones han reclamado a la Administración que active los mecanismos de reequilibrio económico previstos en el marco legal para garantizar la continuidad del servicio.