Los servicios sociales de la Comunitat Valenciana atienden actualmente a 590 menores migrantes no acompañados, según ha informado el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la sesión de control celebrada este miércoles en Les Corts, en respuesta a una pregunta formulada por Vox.
Preocupación por la capacidad del sistema
El jefe del Consell ha mostrado su inquietud por esta cifra y ha advertido de que el nuevo sistema de acogida impulsado por el Gobierno central prevé la llegada de otros 1.900 menores.
Según ha señalado, el sistema valenciano dispone de capacidad para 1.800 plazas en total, sumando tanto a los menores que ya se encuentran en el territorio como a los que podrían llegar.
Críticas al reparto
Pérez Llorca ha cuestionado el modelo de distribución de menores entre comunidades autónomas, asegurando que “el reparto de menores atiende a intereses políticos, el Gobierno mercadea con ellos, no llegan al País Vasco ni Cataluña, pero sí a nosotros, más de los que podemos asumir. Es lo más racista que he visto en política”.
Rechazo al proceso de regularización
El president también se ha referido al “nuevo decreto que da luz verde a la regularización”, que ha calificado de “irresponsable”, al considerar que puede “poner en riesgo el sistema sanitario”.
Asimismo, ha criticado que esta medida se haya planteado “en contra de la mayoría del Congreso, del Senado, de las comunidades, de los países de nuestro entorno y del criterio del Consejo de Estado”.
“Hablemos claro, esa decisión no es por atender una demanda social, es por un tema electoral, esa es la realidad”, ha añadido.
Falta de recursos y respuesta autonómica
Durante su intervención, ha reclamado más apoyo por parte del Ejecutivo central para atender a los menores migrantes.
“Si se quiere proteger a los migrantes, especialmente a los menores, ¿por qué no nos dan dinero o infraestructuras? Es todo una manipulación para castigar a la Comunitat Valenciana. Las políticas de migración se han de hacer en los países de origen. Hacinarlos, porque no caben más, es ponerles en riesgo, y eso es racismo”, ha afirmado.
Por último, ha recordado que el Consell recurrirá el proceso de regularización planteado por el Gobierno central, una decisión que ya fue avanzada en un comunicado reciente.