El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado este martes activar el protocolo para solicitar medidas de seguridad en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024, después de que la magistrada instructora alertara de una concentración de protesta celebrada el pasado viernes a las puertas de la sede judicial.
El TSJCV ha acordado canalizar la solicitud de estas medidas a través del presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja, quien deberá dirigirse a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para que provea "los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad del edificio y el orden público".
La Sala de Gobierno ha actuado tras recibir un escrito de la magistrada titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye el procedimiento por la Dana, en el que solicitaba la adopción de medidas de seguridad ante la situación generada por la protesta.
El órgano de gobierno de los jueces y magistrados valencianos considera que las circunstancias descritas por la instructora "pueden afectar tanto al adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, como a aspectos relacionados con la seguridad del edificio judicial y de las personas que prestan servicio en el mismo", lo que exige "una actuación coordinada y una adecuada interlocución con las administraciones competentes para su pronta solución".
El Pleno se ha remitido a un acuerdo adoptado por la propia Sala el pasado 23 de julio, con motivo del regreso de todos los órganos judiciales de Catarroja a su propia sede tras su rehabilitación, en el que ya se estableció este mismo cauce para solicitar efectivos policiales ante situaciones que pudieran comprometer la seguridad del edificio o el normal desarrollo de la actividad judicial.