Personas tomando algo en una terraza. EFE/Archivo
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzgará al propietario de un restaurante de Castelló por contaminación acústica tras haber causado, durante años, perjuicios que desembocaron en problemas de salud a los vecinos del edificio sobre el que estaba el local y que mantuvo abierta la terraza del mismo pese a diversas sanciones y precintos policiales de la misma.
El acusado, de nacionalidad china y nacido en 1973, tenía un establecimiento al que se le había concedido licencia para ejercer actividad de bar, restaurante y panadería sin audición musical. La licencia especificaba que no debía superar los niveles establecidos en la Ley 7/2002 de la Generalitat contra la contaminación acústica.
Sobre el establecimiento había un edificio de 24 viviendas que había sufrido desde la apertura del local por parte del acusado "molestias y perjuicios derivados del ruido excesivo que procedían del establecimiento".
Los vecinos presentaron denuncia en 2013 por exceso de ruido, el cual les provocaba problemas de salud. También la Policía Local de Castelló realizó diversas intervenciones por las llamadas de vecinos a causa de las molestias entre los años 2011 y 2016, tanto por el restaurante como por la terraza.
Entre 2014 en junio, el Seprona realizó mediciones acústicas en las viviendas en las que se causaba ruido, y se comprobó que se superaban los niveles "tolerables establecidos" por ley.
Se inició un expediente sancionador que ordenó el cese de la terraza del bar, pero, pese a haber sido notificada en noviembre de 2014 al acusado, no cumplió con la orden de cierre, por lo que los agentes de la Policía Local procedieron a precintarla en presencia del acusado. A pesar de ello, el detenido volvió a instalar el mobiliario de la terraza y la volvió a poner en marcha.
De nuevo se denunció por parte de la Policía Local y volvió a precintarla, pero la volvió a instalar nuevamente. En julio de 2015 los agentes volvieron a precintarla. Sin embargo continuó haciendo uso de la misma hasta julio de 2016.
Los vecinos y varios de sus hijos sufrieron rasgos de trastorno adaptativo, ansiedad, alteración emocional y de comportamiento.
Según el ministerio fiscal los hechos son constitutivos de un delito de contaminación acústica, y se le pide la pena de prisión de cinco años y dos meses, así como una multa de 30 meses con una cuota diaria de 30 euros y una indemnización de 12.000 euros a cada uno de los cuatro perjudicados por los daños morales sufridos.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia