Estamos viviendo tiempos revueltos donde determinadas personas,
investidas por el poder de los votos adquiridos en las urnas
democráticas, pretenden imponer como precio para poder gobernar la
aprobación de directrices dogmáticas y rancias de la derecha más
ancestral, respecto a los valores que deben imperar en la educación
primaria y secundaria y siempre bajo el control parental.
Estas personas desde el uso de la política y el poder, vierten
falsas creencias sobre lo que se está haciendo en los talleres y
clases de educación para la sexualidad, intentando confundir a la
sociedad y ejerciendo una violencia invisible de tipo estructural y
cultural. La violencia estructural es aplicable en aquellas
situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las
necesidades humanas básicas (bienestar, identidad o libertad),
generando un conflicto social caracterizado en términos de género,
etnia, origen, edad u otros en el que el reparto, acceso o
posibilidad de uso de los recursos es resuelto a favor de una de las
partes en perjuicio de las demás.
Por su parte, la violencia cultural es una violencia simbólica que
se utiliza para lograr la aprobación de posturas fanáticas y se
expresa a través de la religión, la ideología, la educación, las
leyes, el lenguaje o los medios de comunicación y que cumple la
función de legitimar la violencia estructural.
La educación para la salud sexual es un derecho amparado por
organismos internacionales y desarrollado por grupos de personas
expertas en programas de educación para la salud sexual
desarrollados con éxito en diversas regiones del mundo. Organismos
internacionales como la Organización Mundial para la Salud (OMS) o
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) nada sospechosos de ser entidades
dogmáticas y que se basan simplemente en derechos humanos, la
igualdad de género y usando información basada en la evidencia,
promueven la aplicación de tales programas de educación para la
sexualidad.
De hecho, UNESCO en su documento revisado en 2018 “Orientaciones
técnicas internacionales sobre educación en sexualidad. Un enfoque
basado en la evidencia” con el encargo de coordinar la agenda
mundial de Educación 2030 y con el objetivo específico de
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas
las personas. Define la Educación para la Salud Sexual como un
proceso basado en un currículo para enseñar y aprender acerca de
los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la
sexualidad. Su objetivo es preparar a niños, niñas y jóvenes con
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los y las
empoderen para conseguir salud, bienestar y dignidad, permitiendo
desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerando
cómo sus elecciones afectan a su propio bienestar y el de las demás
personas y, entendiendo cuáles son sus derechos a lo largo de la
vida para protegerlos.
Por su parte, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), en
la declaración de derechos sexuales de 2014 expresa que toda persona
debe tener acceso a una información precisa y comprensible
relacionada con la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales a
través de diferentes recursos o fuentes. Tal información no puede
ser censurada o retenida arbitrariamente ni manipulada
intencionadamente. Además, la educación en sexualidad debe ser
apropiada a la edad, científicamente correcta, culturalmente
competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género y
con un enfoque positivos de la sexualidad y el placer.
Por consiguiente, la falta de formación en salud sexual, determina
no solamente problemas individuales para quien no tiene la
posibilidad de recibirla, sino también para el resto de ciudadanos y
ciudadanas con quienes convive.
Finalmente, hay que añadir que la coeducación entre los sexos con
perspectiva de género y con enfoque en igualdad, diversidad e
inclusividad no es adoctrinamiento, sino que permite el respeto a las
diferencias y debe ser una educación obligatoria que deriva de
convenios internacionales y de nuestra propia Constitución y los
poderes públicos deben de protegerla y promocionarla, impidiendo que
los progenitores puedan impedir de forma arbitraria que sus hijos e
hijas participen en estas actividades educativas que facilitan, al
fin y al cabo, el desarrollo armónico de la personalidad y las
relaciones igualitarias entre los sexos, el respeto a la diversidad
en su amplio abanico de posibilidades y el aprendizaje en la solución
de conflictos de forma democrática, respetuosa y consensuada.