El sindicato CSI·F ha presentado recursode reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de laComunidad Valenciana que deniega la petición de suspensión cautelar del decretode usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales. Argumentaque ese decreto “vulnera el derecho de los empleados públicos a expresarse enla lengua oficial que deseen”. Pide la suspensión cautelar y recuerda que elTSJ aún no ha sentenciado sobre el fondo del asunto.
La CentralSindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) interpuso en mayo un recursocontencioso contra el decreto 61/2017, de 12 de mayo. En ese recurso explicabaque el decreto atentaría contra los artículos 20 y 23 de la ConstituciónEspañola, que defienden el derecho a la libertad de expresión y el acceso acargos y funciones en igualdad de condiciones. También incumpliría el artículo37 del Estatuto Básico del Empleado Público, que contempla la obligación denegociar en la mesa correspondiente las cuestiones que afecten a lascondiciones laborales de los trabajadores, ya que no hubo negociación.
CSI·F continúarelatando que el recurso fue admitido a trámite en junio por el TSJ, y lacentral sindical, además, pidió al tribunal que ordenara la suspensión cautelarde esa directriz del Consell por “los perjuicios de imposible o difícilreparación”. El TSJ desestimó esa medida a principios de julio, sin entrar aenjuiciar el fondo del asunto y sin dictaminar todavía sobre la legalidad deldecreto del Consell. La central sindical ha presentado hoy recurso dereposición contra el auto que denegaba la suspensión cautelar.
La centralsindical recuerda en su escrito que “el artículo 4.1 del decreto establece queel valenciano será la lengua destacada de uso normal y general de laAdministración de la Generalitat”. En su exposición, indica que “en consonanciacon ello, el capítulo III y el capítulo IV del decreto contienen mandatosconcretos y específicos que excluyen la utilización del castellano por parte delos empleados públicos e imponen la utilización del valenciano”.
CSI·F apuntaque “el perjuicio para los empleados públicos consiste en la vulneración delderecho de los mismos a expresarse y utilizar la lengua oficial que deseen”, yañade que “este perjuicio que afecta a la esfera de la libertad no podrá ser deninguna manera reparado si finalmente la norma reglamentaria resulta, como estaparte entiende, no ajustada a derecho”. El sindicato subraya que “debeprevalecer el derecho y el interés de los empleados públicos, y que laConstitución y el Estatuto de Autonomía ya protegen los usos administrativos einstitucionales de las lenguas oficiales”. Por ello pide la suspensióncautelar.