El
titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia,
que
investiga las supuestas
contrataciones ficticias en la Diputación de Valencia en
una pieza separada del “Caso Imelsa” ha acordado sobreseer
provisionalmente la causa respecto de siete de los
trabajadores investigados por los contratos ficticios y
las indemnizaciones que percibieron al extinguirse su
vínculo laboral con la empresa pública dependiente de la
Diputación.
Según
el auto, notificado hoy a las partes, las sospechas de que
pudo existir algún tipo de “maquinación concertada” entre
la empresa y algunos trabajadores para que estos cobraran
elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un
“innecesario y arbitrario enriquecimiento” a costa del
erario público han quedado “desvirtuadas” con las
declaraciones de los investigados y con la documentación
aportada por la propia empresa.
La
causa se mantiene abierta contra uno de los imputados, que
aún no ha declarado en el Juzgado, y contra su hijo,
representante sindical en Imelsa, que reconoció ante el
instructor haber intervenido en las conversaciones con la
empresa a propósito del despido de su padre.
El
sobreseimiento parcial acordado en esta pieza separada del
“Caso Imelsa” tampoco afecta al exdirector financiero de
la empresa respecto de quien, según el instructor, “la
investigación debe mantenerse y depurarse en lo
concerniente a las sumas percibidas de Imelsa en concepto
de retribución variable y dietas”.
En
las diligencias, además, mantienen la condición de
investigados (imputados) 14 contratados de los 15
trabajadores de los que se sospecha que percibían un
salario de la empresa sin desempeñar actividad laboral
alguna para la misma. El instructor ha acordado el
sobreseimiento de las actuaciones respecto de uno de
ellos, un asesor. Concluye que no simuló la relación
laboral con Imelsa, pero advierte, no obstante, que su
situación procesal podría variar en función del resultado
que arrojen las diligencias acordadas en la pieza
principal en la que se investiga la contratación de
asesores.
Tras
la decisión adoptada hoy por el magistrado, esta pieza
separada por prevaricación administrativa, malversación,
fraude en la contratación, tráfico de influencias y
falsedad documental se dirige contra 21 personas, entre
las que se encuentran el expresidente de la Diputación,
Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; el
exgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirector
financiero de dicha sociedad y la que fuera jefa de
Recursos Humanos de la misma, por sus atribuciones para
llevar a cabo contrataciones bajo sospecha.
En
esta pieza separada figura también como imputado José
Adolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicación
Engloba, por su participación en la supuesta contratación
fraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldo
costeaba Imelsa.
Esta
misma modalidad de contratación se daba, supuestamente,
con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbol
presidido por Rus.
Tanto
el expresidente de la Diputación como Vedri tienen la
condición de investigados (imputados según la denominación
previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal);
las empresas, Engloba y el Club de fútbol, figuran en el
procedimiento como posibles responsables civiles a título
lucrativo.
Hasta
el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza
principal, aún secreta, en la que se investiga el amaño de
contratos a cambio de comisiones ilegales en varias
administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación,
Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la
del blanqueo en el Consistorio valenciano en la que se investigan las donaciones de 1.000
euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que
presuntamente les era devuelta por el partido en dos
billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo
de supuesta procedencia ilícita
y la de las contrataciones y finiquitos irregulares en
Imelsa.
La
causa, que nació en abril de 2015, está abierta por
malversación, fraude en la contratación pública, cohecho,
tráfico de influencias y blanqueo.
En el “Caso
Imelsa” hay más de cien investigados(personas físicas
y jurídicas) por varios delitos contra la administración
pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa,
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en
relación conuna
trama de corrupción infiltrada en varias administraciones
públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se
servían de sus puestos de responsabilidad para amañar
contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de
adjudicaciones fraudulentas.
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