Eltitular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia,queinvestiga las supuestascontrataciones ficticias en la Diputación de Valencia enuna pieza separada del “Caso Imelsa” ha acordado sobreseerprovisionalmente la causa respecto de siete de lostrabajadores investigados por los contratos ficticios ylas indemnizaciones que percibieron al extinguirse suvínculo laboral con la empresa pública dependiente de laDiputación.
Segúnel auto, notificado hoy a las partes, las sospechas de quepudo existir algún tipo de “maquinación concertada” entrela empresa y algunos trabajadores para que estos cobraranelevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un“innecesario y arbitrario enriquecimiento” a costa delerario público han quedado “desvirtuadas” con lasdeclaraciones de los investigados y con la documentaciónaportada por la propia empresa.
Lacausa se mantiene abierta contra uno de los imputados, queaún no ha declarado en el Juzgado, y contra su hijo,representante sindical en Imelsa, que reconoció ante elinstructor haber intervenido en las conversaciones con laempresa a propósito del despido de su padre.
Elsobreseimiento parcial acordado en esta pieza separada del“Caso Imelsa” tampoco afecta al exdirector financiero dela empresa respecto de quien, según el instructor, “lainvestigación debe mantenerse y depurarse en loconcerniente a las sumas percibidas de Imelsa en conceptode retribución variable y dietas”.
Enlas diligencias, además, mantienen la condición deinvestigados (imputados) 14 contratados de los 15trabajadores de los que se sospecha que percibían unsalario de la empresa sin desempeñar actividad laboralalguna para la misma. El instructor ha acordado elsobreseimiento de las actuaciones respecto de uno deellos, un asesor. Concluye que no simuló la relaciónlaboral con Imelsa, pero advierte, no obstante, que susituación procesal podría variar en función del resultadoque arrojen las diligencias acordadas en la piezaprincipal en la que se investiga la contratación deasesores.
Trasla decisión adoptada hoy por el magistrado, esta piezaseparada por prevaricación administrativa, malversación,fraude en la contratación, tráfico de influencias yfalsedad documental se dirige contra 21 personas, entrelas que se encuentran el expresidente de la Diputación,Alfonso Rus; su jefe de gabinete, Emilio Llopis; elexgerente de Imelsa, Marcos Benavent; el exdirectorfinanciero de dicha sociedad y la que fuera jefa deRecursos Humanos de la misma, por sus atribuciones parallevar a cabo contrataciones bajo sospecha.
Enesta pieza separada figura también como imputado JoséAdolfo Vedri, responsable de la empresa de comunicaciónEngloba, por su participación en la supuesta contrataciónfraudulenta de dos de sus trabajadores cuyo sueldocosteaba Imelsa.
Estamisma modalidad de contratación se daba, supuestamente,con un jugador del Olimpic de Xàtiva, equipo de fútbolpresidido por Rus.
Tantoel expresidente de la Diputación como Vedri tienen lacondición de investigados (imputados según la denominaciónprevia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal);las empresas, Engloba y el Club de fútbol, figuran en elprocedimiento como posibles responsables civiles a títulolucrativo.
Hastael momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una piezaprincipal, aún secreta, en la que se investiga el amaño decontratos a cambio de comisiones ilegales en variasadministraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación,Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: ladel blanqueo en el Consistorio valenciano en la que se investigan las donaciones de 1.000euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad quepresuntamente les era devuelta por el partido en dosbilletes de 500 euros para blanquear dinero en efectivode supuesta procedencia ilícitay la de las contrataciones y finiquitos irregulares enImelsa.
Lacausa, que nació en abril de 2015, está abierta pormalversación, fraude en la contratación pública, cohecho,tráfico de influencias y blanqueo.
En el “CasoImelsa” hay más de cien investigados(personas físicasy jurídicas) por varios delitos contra la administraciónpública, entre ellos, los de prevaricación administrativa,malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales enrelación conunatrama de corrupción infiltrada en varias administracionespúblicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes seservían de sus puestos de responsabilidad para amañarcontratos y cobrar comisiones ilegales a cambio deadjudicaciones fraudulentas.