Robert Raga, alcalde de Ribarroja. -EPDA Cuando todavía resuenan las reflexiones y los análisis
surgidos al albor de la cumbre del Clima COP25 celebrada en Madrid, el ex
primer ministro francés, el socialista Laurent Fabius, ha alertado sobre el
continuo e incesante deterioro que azota a la naturaleza porque, a su entender,
determinados Estados no cumplen los compromisos a los que están obligados en
virtud del Acuerdo de París del año 2015 firmado por 180 países.
Desde su atalaya
como presidente del Consejo Constitucional de Francia, el prestigioso político
denuncia la grave responsabilidad que a su entender tienen aquellos presidentes
que se empeñan en continuar con las mismas políticas sin tener en cuenta las
consecuencias que tales conductas suponen para el medio ambiente.
Las cifras y
los datos que estos días se han puesto sobre la mesa en la citada cumbre de
Madrid son preocupantes para nuestro futuro más inmediato, aunque siempre hay
un hilo de optimismo por donde asoma un halo de esperanza para que el mundo que
hoy conocemos siga siendo el mejor para las futuras generaciones. Por tanto, en
la balanza hay que colocar siempre los aspectos positivos y los negativos para
que el resultado final se ajuste, lo mejor posible, a la situación real. Tan
importante como proponer las soluciones es descubrir los fallos por los que nos
estamos cargado el planeta tal y como lo conocimos en su momento.
Ciertamente,
la toma de conciencia sobre el fenómeno climático que nos azota es uno de los asuntos
a tener en cuenta para afrontarlo, pero no es el único. Además del mayor
compromiso de Europa frente a las teorías y actuaciones involucionistas de EE
UU con Trump al frente, es necesario que los ayuntamientos como
administraciones públicas más próximas a los ciudadanos podamos acometer una
gestión basada parámetros transversales que tengan en cuenta la sostenibilidad
y la ecología en todo momento.
Desde cambiar una bombilla en la vía pública que
gasta energía en exceso y, por ende, provoca una contaminación lumínica hasta reducir
la telefonía móvil o cambiar el sistema de alcantarillado para evitar fugas, todas
las actuaciones que realizamos los ayuntamientos tienen una consecuencia
directa sobre el medio ambiente. Al margen de campañas de concienciación y de sensibilización
ciudadana, es necesario impulsar políticas comunes entre todos los
ayuntamientos para que surtan el efecto deseado. Los consistorios son, en esta
tesitura, uno de los protagonistas que deben tomar un nuevo impulso para poder
amortiguar el grave impacto que el cambio climático produce en nuestro día a
día.
Los Estados son esenciales en los nuevos compromisos ambientales. Los
ayuntamientos se convierten, de esta forma, en el motor ideal para aplicarlos. Todos
los cambios, modificaciones o nuevas orientaciones en nuestro proceder cotidiano
deben consensuarse y explicitarse de acuerdo a un objetivo común: la
conservación del mundo actual, aunque ya todo no volverá a ser igual. La
reversión se antoja difícil en muchos aspectos.
Quizás
algunos recuerden aquella vorágine urbanística de los años 90 y principios del
2000 que modificó por completo nuestro ecosistema. Aquellos que se atrevían a
criticar esos planeamientos fueron tildados de agoreros. Ahora podemos pensar incluso
que se quedaron cortos, por ello debemos sacar fuerzas para encarar con optimismo
los retos del futuro. Es necesario reivindicar el papel de las administraciones
locales, sin tapujos.
Por
ello, ahora el denominado Green New Deal –una adaptación actual del famoso New
Deal de los años 20 a cargo del presidente Roosvelt para afrontar la Gran
Depresión de EE UU- se debe poner en marcha como eje clave para atajar a corto
y medio plazo las grietas que asolan nuestro ecosistema. Una disyuntiva en la
que tienen mucho que decir los Estados, los ayuntamientos y los ciudadanos, una
combinación esencial en los tiempos que corren.
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