El Partido Popular de Canet d’en Berenguer ha solicitado el cese inmediato del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, después de que la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) haya declarado nulo de pleno derecho su nombramiento como funcionario de categoría A1 en el Ayuntamiento del municipio, proceso que posteriormente permitió su designación en el cargo estatal, como avanzó en exclusiva El Periódico de Aquí.
Según el PP, la resolución de la AVAF, fechada el 27 de octubre de 2025, concluye que la promoción interna concedida a Rodríguez Jurado "vulneró los principios que deben regir el acceso a la función pública" —publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad— al tratarse, siempre según el informe citado, de un "procedimiento 'ad personam', sin competencia real y apoyado en una interpretación incorrecta de la ley autonómica 4/2021". La resolución califica la actuación como "fraude de ley y desviación de poder".
A partir de estas conclusiones, el grupo municipal popular exige que Rodríguez Jurado abandone de forma inmediata el cargo de subdelegado del Gobierno, dado que su condición de funcionario A1 —requisito necesario para ocupar el puesto— habría quedado invalidada con la anulación.
Además, solicita que el Ayuntamiento ejecute las recomendaciones de la Agencia Antifraude, entre ellas la anulación definitiva de la plaza, la restitución del funcionario a su categoría C1 de origen, la apertura de un expediente disciplinario por posible prevaricación y la publicación íntegra de la resolución en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana y en la web municipal.
El PP reclama también transparencia en todo el proceso y el acceso a la documentación que avaló la promoción —incluidos informes internos y estatales—, así como la revisión de otros posibles casos similares en la provincia. A su juicio, la situación “evidencia un riesgo real de mecanismos de privilegio y trato de favor en el acceso a puestos de alta responsabilidad”.
En su valoración política, los populares consideran que el caso constituye “un fracaso institucional” del Gobierno central y de la dirección del PSPV, al entender que se habría producido un uso inadecuado de la promoción interna con fines “de recompensa política”. “No podemos tolerar que la Administración se convierta en un sistema de promoción discrecional al servicio de intereses partidistas”, sostienen.
El grupo municipal anuncia que promoverá la exigencia de responsabilidades políticas y, en su caso, legales: “La ciudadanía valenciana merece instituciones transparentes y cargos públicos con legitimidad y ejemplaridad”.