En el día de ayer se dioa conocer que el Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 4 deValencia echaba atrás el decreto firmado por el Alcalde de Paterna,Juan Antonio Sagredo, el pasado 26 de julio, en el que cesaba aEnrique Guillem, que ocupaba el puesto de asesor y que fue piezaclave en las denuncias por las que actualmente el alcalde seencuentra investigado, junto con Nuria Campos y Julio Fernández,dentro de la trama Halloween.
En aquel entonces, el PP advirtió que se trataba de una venganza que no mostrabaotra cosa más que la actitud déspota de Sagredo y que contraveníalos acuerdos plenarios adoptados al inicio de legislatura. Tras la denuncia presentada por el PP tan sólo unos días despuésde aquel decreto, la justicia ha ido más allá, diciendo que “seha vulnerado el derecho fundamental de participación políticarecogido en el artículo 23 de la CE”.
El juzgado ha estimadoel recurso interpuesto por el Partido Popular en su totalidad,anulando y dejando sin efecto la resolución de Sagredo porvulneración de los derechos fundamentales y que sea el propio grupomunicipal que designe a su propio personal de confianza, tal y comose aprobó en el acuerdo plenario.
Para el Partido Popular,el Sr. Ximo Puig tiene la obligación de tomar cartas en el asunto demanera inmediata, ya que, de lo contrario, "será cómplice de unalcalde y candidato investigado y acorralado por la justicia envarias causas, con un claro perfil antidemocrático y que no respetalas decisiones de los vecinos".
En palabras de laportavoz, María Villajos, “por desgracia para Paterna, esto no hahecho más que empezar. Esta es la primera de las muchas sentenciasjudiciales que sobrevuelan al Sr. Sagredo.” Villajos continúarecordando que “actualmente la mitad del grupo municipal PSOE dePaterna se encuentra investigado en la trama Halloween yconcretamente sobre el Sr. Sagredo, además de este caso, pesa lainvestigación llevada a cabo por la Agencia Antifraude y laFiscalía, que en este momento se encuentra también en manos delpoder judicial”.
Villajos acaba diciendoque “ningún cargo público, y mucho menos, ningún alcalde puedevulnerar la ley y atentar contra los derechos fundamentales de lospaterneros, representados por los cargos electos y los gruposmunicipales en el Ayuntamiento. Puig tiene el deber y la obligaciónde rodearse de personas íntegras, y Sagredo no lo es”.