En el día de ayer se dio
a conocer que el Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 4 de
Valencia echaba atrás el decreto firmado por el Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo, el pasado 26 de julio, en el que cesaba a
Enrique Guillem, que ocupaba el puesto de asesor y que fue pieza
clave en las denuncias por las que actualmente el alcalde se
encuentra investigado, junto con Nuria Campos y Julio Fernández,
dentro de la trama Halloween.
En aquel entonces, el PP advirtió que se trataba de una venganza que no mostraba
otra cosa más que la actitud déspota de Sagredo y que contravenía
los acuerdos plenarios adoptados al inicio de legislatura. Tras la denuncia presentada por el PP tan sólo unos días después
de aquel decreto, la justicia ha ido más allá, diciendo que “se
ha vulnerado el derecho fundamental de participación política
recogido en el artículo 23 de la CE”.
El juzgado ha estimado
el recurso interpuesto por el Partido Popular en su totalidad,
anulando y dejando sin efecto la resolución de Sagredo por
vulneración de los derechos fundamentales y que sea el propio grupo
municipal que designe a su propio personal de confianza, tal y como
se aprobó en el acuerdo plenario.
Para el Partido Popular,
el Sr. Ximo Puig tiene la obligación de tomar cartas en el asunto de
manera inmediata, ya que, de lo contrario, "será cómplice de un
alcalde y candidato investigado y acorralado por la justicia en
varias causas, con un claro perfil antidemocrático y que no respeta
las decisiones de los vecinos".
En palabras de la
portavoz, María Villajos, “por desgracia para Paterna, esto no ha
hecho más que empezar. Esta es la primera de las muchas sentencias
judiciales que sobrevuelan al Sr. Sagredo.” Villajos continúa
recordando que “actualmente la mitad del grupo municipal PSOE de
Paterna se encuentra investigado en la trama Halloween y
concretamente sobre el Sr. Sagredo, además de este caso, pesa la
investigación llevada a cabo por la Agencia Antifraude y la
Fiscalía, que en este momento se encuentra también en manos del
poder judicial”.
Villajos acaba diciendo
que “ningún cargo público, y mucho menos, ningún alcalde puede
vulnerar la ley y atentar contra los derechos fundamentales de los
paterneros, representados por los cargos electos y los grupos
municipales en el Ayuntamiento. Puig tiene el deber y la obligación
de rodearse de personas íntegras, y Sagredo no lo es”.
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