Los padres de Francisco Javier muestran uno de los informes en la puerta del colegio. Foto: EPDA.
El día que los padres de Francisco Javier, un niño avanzado en la
superación de sus graves dificultades para estudiar gracias a la ayuda
individualizada de su psicóloga escolar, se enteraron de que el gobierno
municipal de Albal va a despedir a su hada benefactora, junto a otra compañera
de trabajo, la luz roja de alarma se les encendió, recordando el calvario que
sufrieron antes de que esta especialista atendiera personalmente a su hijo.
Ante esta situación inesperada, la perplejidad e indignación iniciales de
Esther y Javier dieron pronto paso a la percepción de que el progreso escolar
de su hijo, “así como su propio desarrollo personal, están en peligro”, y a la
convicción de que deben “luchar para no permitir ni un ápice de retroceso en
Francisco Javier”. Su experiencia les hace muy conscientes del grave riesgo que
ellos están seguros que corre. De hecho, en uno de los informes de
especialistas de los que disponen se indica que, “como en este periodo de tratamiento observamos una notable mejoría en
la mayoría de objetivos que nos habíamos propuesto alcanzar en el trabajo
realizado a Francisco Javier, aconsejamos seguir con el tratamiento que está
recibiendo, ya que su avance va a ser totalmente óptimo”. Para los
padres, con ello queda claro el daño que le causará a su hijo “el que ya no
esté su misma psicóloga escolar a su lado para apoyarlo el próximo curso”.
Estos informes técnicos son igualmente aplicables a otros alumnos de
Albal con necesidades educativas especiales, los cuales son atendidos cada uno
de forma individual y personalizada por las dos psicólogas que, de no
rectificarse la medida, van a ser echadas del Gabinete Psicopedagógico
Municipal del Ayuntamiento a final de curso. Este servicio público, compuesto
hasta ahora por cuatro profesionales, viene atendiendo a numerosos niños y
niñas albalenses con problemas sociales o de aprendizaje, cuyos padres se
aferran con esperanza a esta ayuda, ya que mantiene vivo el derecho de sus
hijos a un desarrollo educativo y personal adecuado.
Por todo ello, Esther y Javier, que en un principio iniciaron acciones
por su cuenta para tratar de evitar lo que se les viene encima, se vieron
inmediatamente respaldados por otros padres que enfrentan el mismo grave riesgo
para sus hijos, en la exigencia al gobierno municipal de que mantenga a las dos
psicólogas en sus puestos. Una reivindicación que se ha traducido inicialmente
en una recogida de firmas, de las que cuentan ya con más de 2.500, así como en
conversaciones con el alcalde y diputado provincial por el PSPV-PSOE, Ramón
Marí, intervenciones en un pleno municipal e incluso una manifestación ante el
Ayuntamiento.
De momento no han conseguido su objetivo, si bien desde el gobierno
municipal ha habido un intento de mantener a las dos psicólogas, aunque a
cambio de una cuantiosa reducción de sueldos al personal perteneciente al área
de educación del Ayuntamiento, con el que se llegó a un acuerdo que, sin
embargo, se malogró por un motivo poco claro. Por otro lado, la intención
manifiesta del alcalde de que dos funcionarias municipales, además de coordinar
Servicios Sociales una, y de encargarse del Centro de Información Juvenil la
otra, hagan también tareas en el Gabinete Psicopedagógico Municipal, dado que
son tituladas en Psicología, no les vale a Esther y Javier, quienes insisten en
que “sólo manteniendo a las dos actuales psicólogas en su puesto se evitará que
se perjudique a Francisco Javier y a los demás afectados, y que se eche a
perder su progreso, ya que podrán continuar con el trabajo individualizado que
vienen realizando, cuyos buenos resultados son evidentes”.
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