Las conclusiones aprobadas para el ámbito educativo suponen un claro agravio parael 25% de nuestro sistema educativo, es decir, para alumnos, familias y profesores, ypueden suponer la asfixia de instituciones que no tendrán medios para seguirmanteniendo sus proyectos educativos.
Unos proyectos integradores, equitativos, decalidad, accesibles para todos y que materializan la libertad de enseñanza, tal y comoestá concebida en nuestra Constitución y nuestro entorno democrático europeo.La enseñanza concertada no es una enseñanza elitista, como algunos pretenden hacercreer a la sociedad, sino que es una enseñanza social que refleja la pluralidad familiar,sociolaboral, económica, ideológica, cívica, cultural y religiosa de la sociedad españolaactual.
Por tanto, excluirla es una clara segregación impropia de democracias europeasque promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favoreceruna libertad de elección real.Es obvio que se está aprovechando la debilidad del PSOE para hacer avanzar elprograma de extrema izquierda de Podemos en contra de un servicio que se prestatanto desde la enseñanza pública como desde la enseñanza concertada, tal y comoreconoce la propia LOE (Artículo 108).
La Comisión de Reconstrucción ha dado unpaso preocupante que segrega a alumnos, familias, profesores e instituciones con unamayoría simple y con la ausencia de VOX, digna de mencionar en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo.
Nos tememos que las conclusiones aprobadassean el preludio de una futura ley de educación que adolece de la misma falta deconsenso que sus promotores denunciaron en la LOMCE.
Familias, profesores e instituciones educativas están trasladando a nuestrasorganizaciones su enorme malestar ante esta situación, por lo que es nuestro deberseguir trabajando en defensa de sus derechos con todos los medios que estén anuestro alcance, incluyendo movilizaciones o acciones jurídicas, siempre y cuando nose perciba un compromiso que, más allá de las palabras vacías, garantice que no sevan a hurtar los derechos de millones de españoles.