Los viñedos son un cultivo muy importante en la Comunitat. /EPDALA
UNIÓ de Llauradors, junto a todas las organizaciones que componen la
Unión de Uniones, han presentado en tiempo y forma un Recurso de Alzada
contra la Resolución publicada el pasado 28 de diciembre de 2021 en la
que la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios del Ministerio de Agricultura establecía fijar en 946
hectáreas la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para
nuevas plantaciones en 2022, equivalente al 0,1% de la superficie
plantada de viñedo a 31 de julio de 2021.
Con
la decisión de este año, serán más de 40.000 has. las que habrían
dejado de estar a disposición del sector
en forma de nuevas plantaciones desde que entrara en vigor en 2016 el
nuevo sistema europeo de autorizaciones para el viñedo. En el contexto
de países vitivinícolas de la UE, sólo España y Alemania, recortan el
cupo de nuevas plantaciones por debajo del 1%
de la superficie de viñedo existente que, como máximo, permite la
normativa europea. Esto ha evitado la pérdida de potencial vitícola de
nuestro país que, pese a todo, el Ministerio de Agricultura cifró en
45.435 hectáreas entre el 31 de julio de 2015 y el
31 de julio de 2016 y que desde el año 2000 suma 234.694 hectáreas.
“No
se trata de que queramos que la superficie de viñedo crezca
indiscriminadamente en España” matizan desde
LA UNIÓ “pero el sistema de autorizaciones de nuevas plantaciones puede
y debe ser aprovechado para mejorar la competitividad de la viticultura
profesional y poder incorporar a jóvenes al sector”. Para la
organización, la reducción de nuestro potencial y el
recorte de nuevas plantaciones es una pérdida de patrimonio vitícola
que estrangula la vía más social que permitiría redimensionar las
explotaciones de los viticultores profesionales y los jóvenes que se
incorporan al sector. Ello no sería, además, incompatible
con que las Denominaciones de Origen establezcan limitaciones y
restricciones en su ámbito para evitar futuros desequilibrios.
Las
limitaciones de nuevas plantaciones que se han ido aprobando año tras
año a nivel estatal atienden a las
recomendaciones de la Interprofesional del vino de España (OIVE). Ello
debería justificarse, en base a la legislación en vigor, en la necesidad
de evitar riesgos claramente demostrados de oferta excesiva, basándose
en informes y análisis sobre las perspectivas
de mercado, las previsiones del impacto de las nuevas superficies que
entrarían en producción y de los derechos de plantación y autorizaciones
concedidas sin ejercer. LA UNIÓ ha pedido también en su recurso, que el
Ministerio de Agricultura haga públicos dichos
informes.
Por
otro lado, la organización considera que el reparto de nuevas
plantaciones entre las diferentes Comunidades
Autónomas es desequilibrado y que la Resolución recurrida ignora que el
verdadero problema en el potencial productivo no está tanto en llegar a
autorizar un 1% de nuevas plantaciones a nivel estatal, como en
permitir la entrada en determinadas DO de autorizaciones
de replantación deslocalizadas procedentes de áreas ajenas a las que
generaron tales autorizaciones. “Eso sí que puede desequilibrar la
oferta en las DOP como ha ocurrido ya en zonas como la de Cava o Rueda”
indican desde la organización.
Sin
embargo, tal y como denuncia LA UNIÓ, no se es consciente de ese
problema y, desde 2016., de las 98 figuras
de calidad - homologables a una DOP - existentes en España, para la
próxima campaña, sólo 6 han propuesto limitaciones y/o restricciones
para planificar sus superficies de viñedo.
El
Recurso que presenta la organización pretende centrar la política
vitivinícola atendiendo a la capacidad
que el sector debe de tener a la hora de tomar sus propias decisiones
al margen de tutelas que no aportan sino obviedades alejadas del debate
más importante que presenta el sector: el reparto de valor a lo largo de
la cadena vitivinícola en un contexto pandémico
que está estrangulando la rentabilidad cuando no la supervivencia de
amplias zonas vitivinícolas en el Estado.
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