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La violencia
contra la mujer es una forma de discriminación y una violación de los derechos
humanos. La propagación de dicha violencia pone de manifiesto el grado y la
persistencia de desigualdad con que siguen chocando actualmente las mujeres.
Por lo tanto, solo se puede eliminar tratando de anular la discriminación,
promoviendo la igualdad y velando por el pleno ejercicio de los derechos
humanos de la mujer. La violencia contra la mujer no es invariable ni inevitable y se podría reducir
radicalmente y llegar a eliminarse con la voluntad política y los recursos
necesarios. Para llegar a buen fin habrá que realizar esfuerzos de manera que
la erradicación de la violencia contra la mujer llegue a ser una prioridad
máxima en los planos local, nacional e internacional. Se han logrado
importantes progresos en la elaboración y aprobación de normas y reglas internacionales.
Los instrumentos jurídicos y normativos tienen que velar por el cumplimiento de
las obligaciones del estado de prevenir, erradicar y castigar la violencia
contra la mujer.
La violencia contra la mujer no se limita a una cultura,
región o país en particular ni a grupos específicos de mujeres dentro de una
sociedad. Las diferentes manifestaciones de esa violencia y experiencias
personales de las mujeres, dependen, no obstante, de factores como el origen
étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la
nacionalidad y la religión. La violencia contra la mujer tiene consecuencias de
largo alcance tanto para ella como para sus hijos y la sociedad en su conjunto.
Las comunidades locales también tienen la responsabilidad de abordar el
problema y para ello deben recibir asistencia. Para poner fin a la violencia
contra la mujer no solo hay que demostrar compromiso político sino adoptar
medidas sistemáticas y sostenidas apoyadas por mecanismos institucionales
dedicados y permanentes.