El Consell valenciano ha aprobado
eliminar la regulación de determinadas actividades industriales como
solución para incorporar a la legislación autonómica la Directiva de Servicios
2006/123/CE y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2009 de libre acceso a
las actividades y servicios y su ejercicio.
El objetivo inicial era simplificar el procedimiento para la puesta en
funcionamiento de industrias e instalaciones industriales, así como agilizar
los trámites y procedimientos, pero la solución final elegida afecta gravemente a la seguridad industrial,
a los consumidores y usuarios, y a las empresas y trabajadores, ya de por
sí muy perjudicadas por la actual crisis económica.
Las organizaciones empresariales del sector metalmecánico de Alicante,
Castellón y Valencia (FEMEVAL, FEMPA y
FEMECAS ) señalan que “si cualquiera puede decir que está capacitado
para ejecutar unos trabajos sin tener que acreditarlo y sin asumir
responsabilidad alguna, tal y como aparece en el nuevo Decreto, esto va a ser un desastre. Mantener una
empresa que está autorizada y que cumple con todos los requisitos legales es
muy caro y complejo técnicamente, pero garantiza la profesionalidad y responde
ante posibles eventualidades y problemas derivados de un trabajo defectuoso”.
Tras las reuniones mantenidas con el Secretario Autonómico de
Industria, José Monzonis, y con el Director General de Industria, Rafael Miró, FEMEVAL,
FEMPA y FEMECAS han solicitado reiteradamente la búsqueda de alternativas que partan de la aplicación de la Directiva de Servicios y
que se aporten soluciones similares a las de otras Comunidades Autónomas
que, como Madrid, Murcia, Cataluña o Andalucía, entre otras, no han suprimido
el marco regulatorio de determinadas actividades industriales como las de
instalador de fontanería, responsable técnico de taller, empresas mantenedoras de
ascensores, de subestaciones eléctricas y de centros de transformación.
Para el metal de la Comunitat, este Decreto incide
de forma grave en la seguridad industrial, contribuye a fomentar el intrusismo
profesional y la economía sumergida y, además, crea un agravio comparativo para
los profesionales valencianos de este sector, ya que en comunidades autónomas
colindantes como Murcia, Cataluña o Aragón, sí que son necesarios ciertos
requisitos para ejercer estas actividades. “Parece mentira que estas sean las
medidas de apoyo a la industria aprobadas por el Consell”, afirman
desde la representación empresarial del metal de Valencia, Alicante y Castellón.
Cabe señalar, que desde el momento
en el que se tuvo conocimiento de la Directiva de Servicios y de su transposición al
ordenamiento jurídico español, el sector
ha apostado por el diálogo abierto con la Generalitat. En
este sentido, se ha entregado a los distintos responsables de Industria de un Documento de Seguridad Industrial en el
que se recogían propuestas, sugerencias y planteamientos para la mejora del
sistema de seguridad industrial. “Pero
siempre ha sido una prioridad la reivindicación de un marco regulatorio de
determinadas actividades industriales, de las que dependen miles de empleos
directos e indirectos”, explican desde el sector.
El
Decreto del Consell afecta
al marco regulatorio del instalador de fontanería, actividad que debería mantenerse
por motivos de seguridad. Con el nuevo decreto, no existe un control y
una supervisión sobre los diversos elementos de la instalación, lo que podría
afectar a la calidad del agua en cada hogar, y suponer un grave riesgo para la
salud humana. “Esta claro que la legislación que regula esta actividad, debe
revisarse y adaptarse al marco legislativo actual pero no eliminar una
actividad profesional como la de Fontanería por la implicación que tiene sobre
la sociedad”, explicaban desde el sector.
Por
otro lado, y en referencia a la derogación de la Orden de 26 de abril de
2006, por la que se regula la obligación de que los talleres de reparación de vehículos automóviles dispongan de responsable técnico, el sector defiende
que se mantenga esta figura ya que es una herramienta
eficaz en la lucha contra los talleres clandestinos. “Su desaparición conllevará la proliferación de talleres ilegales, lo
que va en detrimento de la seguridad vial, además de servir de abono a la grave
lacra que sufrimos en la actualidad, como es la economía sumergida y el
intrusismo, que tanto daño hacen a las empresas que cumplen con sus
obligaciones legales”.
Por
último, el Decreto
deroga la
Orden de 9 de diciembre de 1987, de la Conselleria de
Industria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento de subestaciones eléctricas
y centros de transformación, cuando existe un proyecto de ámbito nacional para
regular la referida actividad.
Las
tres federaciones del metal concluyen que con este tipo de decisiones, el Consell trata de quitarse de encima
competencias que suponen actividad y control para recortar gastos, pero
haciendo dejación de las funciones propias de la Administración. Y
todo ello en perjuicio de los
ciudadanos.
El
sector está estudiando, junto a otros colectivos, la interposición de un recurso contencioso administrativo contra este
Decreto del Consell.
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