Miguel Navarré, alcalde de Casinos. /EPDA En los últimos meses, se ha planteado a nivel autonómico el debate sobre la instalación de plantas fotovoltaicas en diferentes puntos del territorio valenciano. Como representante de una entidad local -Casinos – que puede verse afectada por este tipo de instalaciones, hay que visibilizar el sentir de las poblaciones locales. En nuestro municipio se observan sentimientos encontrados. Por una parte, la de aquellos propietarios de parcelas agrarias que legítimamente arriendan sus tierras a una determinada empresa para que se proceda allí a la instalación de plantas fotovoltaicas. Por otra parte, la de otros vecinos que consideran este tipo de proyectos como un factor de desertificación del territorio y destructor de la masa forestal y agraria, y que a penas van a aportar beneficios a las poblaciones concernidas. En Casinos nos encontramos en esa disyuntiva. Entrarían así en colisión, según esas posiciones vecinales, dos bienes jurídicos protegidos – por el Derecho - ; la propiedad, por una parte, y el medio ambiente, por otra.
Ahora bien, tal y como vamos conociendo con mayor profundidad los proyectos de plantas fotovoltaicas, como representantes públicos deberíamos profundizar en el interés general de las poblaciones a medio y largo plazo. ¿Qué modelo de agricultura queremos para los próximos años?
¿Qué modelo de medio ambiente? En sociedades locales con una agricultura potente de regadío, que tiene luego su reflejo en los comuneros de las comunidades de regantes, es lícito que las administraciones salvaguarden la agricultura citrícola del territorio y la protejan frente a este tipo de proyectos. No cabe duda que hay que potenciar también las comunidades locales energéticas. Por otra parte, también es lícito que se proteja a los propietarios agrarios que no desean este tipo de construcciones en sus campos y se ven afectados por los proyectos, que implican construcción de cableado.
También hay que ponerse en la piel de aquellos propietarios que al no hacer uso de sus tierras de secano, prefieren arrendarlas a compañías para la instalación de placas. Su posición también es lícita y respetable-cada propietario tiene sus razones-. En ese sentido, las administraciones locales deberíamos canalizar y acotar esos anhelos hacia el suelo agrario de secano degradado, de baja capacidad agrológica. Al menos, se podría conseguir mínimamente, una conciliación de intereses, que como vemos, son en muchos casos antagónicos.
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