La
portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha advertido hoy que
el gobierno del acalde Joan Ribó y el PSPV “podría estar vulnerando el derecho constitucional de los ciudadanos” a
participar en los asuntos públicos del Ayuntamiento a través de sus representantes
democráticamente elegido al no
contestar en tiempo y forma a las preguntas planteadas por los concejales del
PP a las delegaciones del gobierno municipal y a la alcaldía.
El
Grupo Popular ha instado a la Secretaria General y del Pleno para que “advierta al gobierno municipal de sus
obligaciones respecto a las solicitudes de información y demás funciones de la
oposición, la infracción constitucional que supone bloquearlas, y que el artículo 23 de la Constitución no está suspendido ni afectado por el estado de
alarma, con todo lo que ello supone y las
responsabilidades en distintos órdenes que se derivan
de
su incumplimiento”.
Como
ejemplo del obstruccionismo de Ribó y el PSPV al trabajo del los concejales del PP, Catalá ha
explicado que el pasado 1 de abril el Grupo Popular registró un escrito
solicitando información tanto al alcalde de Valencia como al concejal-Delegado
de Hacienda, sobre ‘Emisión a los bancos
de remesas de recibos domiciliados del IBI 2020’, respecto a la medida
anunciada por el gobierno municipal de ampliar el periodo de pago voluntario
por causa del COVID2019
La
respuesta que recibió a esta solicitud de información, firmada por el concejal
de Hacienda, fue: “En relación a su nota
interior de fecha 01.04.2020, les comunico que, como ustedes sin duda tienen
conocimiento, existe una situación especial motivada por el Estado de alarma,
por lo cual procederemos a la contestación a su pregunta en el momento que otras
tareas más urgentes lo permitan”.
Para
Catalá, “esta contestación supone un
desconocimiento absoluto, o infracción deliberada, de la configuración
constitucional de estado de alarma”, que en el artículo 116 de la Constitución establece concretas garantías,
entre las que destacan:
1.
Que el
funcionamiento de las Cámaras, así como el de los demás poderes
constitucionales, “no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos
Estados.” (artículo 116.5). Lo
que incluye la obligación de responder preguntas y solicitudes de información.
2.
Que su declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y sus
agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes (articulo 116.6)
De esta manara, ha
argumentado la portavoz popular:
- “No se
pueden suprimir o bloquear las funciones propositivas y de control a ningún gobierno, ni al nacional, ni por
supuesto tampoco al municipal”.
- “No se
pueden paralizar, ni de derecho ni de hecho como se ha venido haciendo estas
semanas por el gobierno municipal, la actuación de los miembros de la corporación local”.
- “No se
puede impedir, o dejar en vía muerta, el deber de responder, en tiempo y sin
etéreas postergaciones, las solicitudes de información. Y hemos de recordar que el ordenamiento legal
aplicable ya ha sido directamente infringido al no recibir contestación, al
término de la sesión, a las Preguntas formuladas, y admitidas, para el Pleno
del mes anterior de marzo. Tampoco se
han contestado aún otras formuladas el mes pasado, como las presentadas ante la
Comisión de Urbanismo o la de Gestión de Recursos”.
"No es admisible, en fin, la opacidad, el abuso de
poder, la obstrucción a las actuaciones de los concejales de la corporación ni
la mordaza ‘a modo de spray paralizante’ a la
oposición: aunque no tendría que resultar necesario, hemos de poner de
manifiesto que el gobierno municipal de Valencia no está habilitado para
saltarse la legalidad constitucional, ni para incumplir sus obligaciones
reglamentarias”.
Por todo ello,
el Grupo Popular ha cursado a través de la Secretaria General y del Pleno una
petición para que “que el gobierno municipal conteste las preguntas y
solicitudes de información o documentación que se le formulen por los grupos
municipales, y, con carácter
inmediato, sin más dilación, en término de dos audiencias o días hábiles, y en
ningún caso después del 15 abril, las que tenían que haber sido contestadas al
término de la sesión del Pleno del mes pasado, así como las formuladas ya hace
semanas ante Comisiones como la de Urbanismo o la de Gestión de Recursos”.