Reunión hoy del Comité Nacional Constituyente de UGT-PV. EPDA
El Comité Nacional de la UGT-PV
ha analizado, en primer lugar, el
contexto social y económico de 2013 y la coyuntura en que se desarrollará la
labor sindical en 2014. El contexto económico actual es el de una crisis
iniciada a mediados del 2007 que se prolonga hasta la actualidad. Si bien, hay
que reseñar la disparidad de su evolución. Respecto a la Comunitat Valenciana,
se convierte en el claro ejemplo, de una mala situación de partida, que sufre
especialmente la crisis y que empeora con el tiempo. El Producto Interior Bruto
en la Comunitat Valenciana muestra un fuerte descenso del 1,4%, en 2012,
superior a la disminución del conjunto de España, que fue del 1,1%. Esta
negativa evolución tiene su reflejo en la evolución del mercado laboral
valenciano. En el tercer trimestre de 2013, según datos de la Encuesta de
Población Activa, el número de parados ascendía a 701.300 personas y la tasa de
desempleo alcanzaba el 28,29%, siendo superior a la media española, que es del
25,98%.
El ajuste en las empresas
mayoritariamente se ha centrado en el empleo, lo que ha propiciado de un lado,
que muchos trabajadores cualificados con largas carreras profesionales, hoy
formen parte del numeroso ejército de desempleados
de larga duración; de hecho, más del 50% llevan más de un año sin encontrar
empleo. Y de otro lado, la cara más amarga del desempleo, más del 60% de
nuestros jóvenes menores de 30 años
no tiene trabajo ni oportunidad de tenerlo en un futuro inmediato, a pesar de
sus altos niveles de formación. Esto ha propiciado que en 2012, los que buscan
empleo fuera de su país sean nuestros jóvenes, con una alta cualificación, que
junto con el regreso de muchos inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, a sus
países de origen, ha generado que el saldo migratorio, haya invertido la
tendencia y hoy podemos afirmar que España vuelve a sus orígenes y se está
convirtiendo de nuevo en un país de emigrantes y sin oportunidades. Otro hecho
a destacar es el gran problema que padecen más del 50% de las personas
desempleadas que no disponen de ningún tipo de cobertura.
Con esto podemos apreciar, como
un deterioro de la actividad económica, acaba afectando de lleno a la vida de
los ciudadanos y ciudadanas, a sus proyectos de vida, sus esperanzas, sus
oportunidades y como no, a su bienestar. Se constata que las medidas de ajuste
no han dado ningún resultado positivo para el conjunto de la ciudadanía. El
rescate del sistema financiero y la corrección de algunos de los desequilibrios
de nuestra economía va a ser soportado, en su mayor parte, por trabajadores y
clases medias, es decir, el precio a pagar ha sido muy alto. La prioridad,
nunca ha sido la reducción del desempleo, o el crecimiento económico, ni
siquiera de forma coordinada junto a las medidas de austeridad, sino única y
exclusivamente, reducir el endeudamiento y el déficit del sector público, de
forma que las primeras consecuencias de dicha política, son el deterioro de la
recuperación económica y el aumento del desempleo, así como el debilitamiento
progresivo del Estado del Bienestar.Todo ello, impulsado, además, por las
reformas laborales llevadas a cabo, que han facilitado los despidos, además de
las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, principalmente
jornada y salario, en lo que se conoce, como devaluación interna.
En esta coyuntura, este Comité
entiende que ni las políticas autonómicas ni las estatales están a la altura de
los problemas que venimos arrastrando, ni suponen alternativa cierta para la
superación de la actual situación.
Los presupuestos de la Generalitat para 2014 son de marcado carácter
continuista, y no abordan de forma efectiva el principal problema de la
Comunitat: el desempleo. Presupuestos de los que solo podemos esperar los
mismos resultados que los de los años anteriores: más paro, menos crecimiento
real y peores servicios públicos. Unos presupuestos tutelados por Madrid que
reinciden en errores pasados, y, que entendemos están condenados, al fracaso.
Empobreciendo, aún más, a valencianos y
valencianas.
Las políticas que el Gobierno central del PP viene imponiendo en estos
dos años de mandato tampoco despejan ninguna incógnita, ni social ni política;
más bien vienen a agravar la situación. Si la reforma laboral está significando
un auténtico desastre en términos de empleo y de derechos laborales; en
términos democráticos y sociales no podemos más que mirar con preocupación las
iniciativas que están plateando: reforma de las pensiones, regulación del
derecho a la huelga, reforma local, reforma del código penal, ley de seguridad
ciudadana, contrarreforma del derecho al aborto, etc. Todas ellas, reformas
legales, que de confirmarse, van a contar con la respuesta decidida de nuestra
Organización.
En los últimos congresos a lo
largo del País Valenciano se ha procurado ajustar,
en la medida de lo posible, nuestra
estructura a los recursos disponibles y a la respuesta de los compromisos
asumidos. Pero cuando parte de este trabajo y responsabilidad lo asumimos con
carácter delegado de la Administración con el fin de colaborar en tareas a las
que ésta no alcanza a responder, y cuando una vez realizado (y justificado)
este cometido no se nos es compensado en tiempo y forma debida, nos encontramos
-todos los organismos de la UGT-PV afectados- ante un escenario de difícil
resolución y con graves consecuencias tanto internas, en lo referido a
equilibrios contable administrativos, como externas por lo que a la prestación
de servicios sociales concertados pueda afectar. Este Comité, pues, exige al
Consell las necesarias garantías legales y económicas para que nuestra labor de
colaboración se atenga a criterios de certeza presupuestaria a todos los
efectos, además, obviamente, de
sociales.
Este Comité Nacional es
consciente de la situación por la que está atravesando el sindicalismo de clase
mayoritario, y, en concreto, la Unión General de Trabajadores. Más allá de la
evidencia de que la desproporcionada campaña
contra nuestro sindicato responde a intereses políticos, ideológicos y
económicos perfectamente definidos, no debemos olvidar que, precisamente por
esta “cruzada” antisindical, nuestra Organización se debe reafirmar
constantemente en su condición de referente efectivo de rigor y transparencia
en todas sus actuaciones y a todos los niveles.
Pero analizado todo lo anterior,
este primer Comité no pierde en absoluto la perspectiva que nuestras
obligaciones sindicales, nuestros
compromisos con trabajadores y trabajadoras del País Valenciano no pueden,
ni deben, verse afectadas por asuntos que poco tienen que ver con los problemas
en los centros de trabajo, y su solución. El trabajo de la UGT, de delegados y
delegadas, de afiliados y afiliadas, de los cuadros de nuestra Organización, va
más allá de los titulares de la prensa, que de una presunta excepción,
pretenden sacar generalidades que nada tienen que ver, en absoluto, con la
realidad sindical de nuestro trabajo y compromiso.
Nuestra labor fundamental está
con las personas, con las que tienen empleo y con las que lo están buscando y
no lo encuentran. Precisamente, por todo esto es preciso insistir en lo que
siempre ha estado en nuestro ADN: la acción sindical; ya sea en la defensa y
promoción de la negociación colectiva como eje de los derechos sociales y
laborales o en el asesoramiento o asistencia mínima que se nos pueda
solicitar. Esto teniendo como eje de
nuestra fuerza el incremento de la afiliación y la representación legal de los
trabajadores en las empresas.
Este Comité hace suya la
resolución de urgencia presentada por los compañeros y compañeras de la FeS
UGT-PV, referida a la situación generada por el cierre de la Radio Televisión Valenciana en los
siguientes términos:
Entendemos que es un ataque
irresponsable e interesado a los derechos de valencianos y valencianas que nos
priva de un medio que, en buen uso, es un pilar fundamental de vertebración
cultural, territorial y social. Además de un elemento de promoción económica y
de empleo de primer orden.
La desastrosa gestión del cierre
de RTVV y la nula respuesta por parte de los poderes públicos autonómicos, y
estatales, ha enviado a 1.800 trabajadores y trabajadoras a la calle, por no
contar los empleos indirectos que se verán afectados y el impacto económico en
la industria audiovisual valenciana.
La decisión unilateral de
Presidencia de la Generalitat, avalada por el Gobierno autonómico y el Partido
Popular, sin dar ningún tipo de alternativa al cierre de la radio y televisión
valenciana ha impedido cualquier propuesta de viabilidad que significase el
mantenimiento de una televisión sostenible, plural y pública. Una cuestión, a
la que los sindicatos con representación en la televisión valenciana, hemos
estado siempre en disposición de negociar.
Por lo tanto, este Comité
denuncia el comportamiento irresponsable del Gobierno Valenciano y le demanda
que abra negociaciones para restituir un derecho que nunca deberíamos haber
perdido y dar una correcta respuesta a la situación creada con el despido de
toda la plantilla de RTVV.
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