Las reivindicaciones del profesorado valenciano son legítimas. Nadie puede negar que existen problemas estructurales en la educación pública: burocracia excesiva, falta de recursos, plantillas insuficientes, salarios congelados y desgaste profesional acumulado desde hace años. Los docentes tienen derecho a protestar y a exigir mejoras laborales. Eso no está en discusión.
Pero también hay que plantearse una pregunta incómoda: ¿era este el momento?
La huelga convocada en la Comunitat Valenciana llega a final de curso, en plena recta decisiva para miles de alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Jóvenes que ya arrastran importantes déficits educativos desde la pandemia y que, ahora, vuelven a ver cómo el calendario académico salta por los aires. Después del COVID, de meses enteros de clases perdidas, de adaptación improvisada y de caída evidente del nivel educativo, ¿de verdad podíamos permitirnos otra interrupción prolongada?
Porque la realidad es que muchos estudiantes llevan dos semanas prácticamente sin actividad normal en los institutos. Y eso tiene consecuencias. No hablamos solo de contenidos. Hablamos de hábitos, de disciplina académica, de preparación para etapas futuras y, sobre todo, de desigualdad. Los alumnos con familias implicadas y recursos podrán compensar estas carencias. Los demás, no.
Resulta llamativo, además, que muchos de los problemas denunciados ahora ya existían durante los ocho años del Govern del Botànic. Las ratios elevadas, la falta de personal o la burocracia no aparecieron hace seis meses. Estaban ahí antes. Y, sin embargo, no vimos movilizaciones sostenidas de esta magnitud. Eso alimenta inevitablemente la sensación de que parte del conflicto tiene también un componente político, aunque se intente negar.
La educación debería quedar al margen de las trincheras ideológicas. Los alumnos no pueden convertirse en daño colateral de cada pulso sindical o político. Protestar es legítimo. Paralizar durante semanas el funcionamiento de los centros, quizá no tanto.
Hace falta diálogo, negociación y soluciones reales. La administración debe escuchar al profesorado y corregir aquello que no funciona. Pero los sindicatos también deberían preguntarse si determinadas estrategias terminan perjudicando precisamente a quienes dicen defender: los estudiantes de la escuela pública.
Porque mientras los adultos discuten, negocian y se lanzan reproches, hay miles de adolescentes perdiendo días irrecuperables de formación. Y esos días, al contrario que los discursos, no vuelven.