Las reivindicaciones de los docentes de la Comunitat Valenciana pueden ser justas y merecen ser escuchadas. La mejora de las condiciones laborales, la reducción de la burocracia o el aumento de recursos para los centros educativos son cuestiones que afectan directamente a la calidad de la enseñanza. Sin embargo, una cosa es compartir el fondo de las demandas y otra muy distinta respaldar el momento elegido para una huelga indefinida.
A pocos días del final de curso, la convocatoria HA ARRUINADO la tercera evaluación de miles de alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º de Bachillerato. Además, ha generado una incertidumbre añadida para los estudiantes de 2º de Bachillerato, que afrontan la PAU tras meses de esfuerzo y preparación. En una etapa especialmente sensible para su futuro académico, cualquier factor que incremente el estrés debería evitarse.
La educación debe situar siempre al alumno en el centro. Por ello, resulta difícil comprender que una protesta de estas características se plantee precisamente cuando las consecuencias sobre los estudiantes pueden ser mayores. Existen otros momentos del calendario escolar en los que las reivindicaciones podrían tener visibilidad sin afectar de forma tan directa a las evaluaciones finales.
También llama la atención el contraste con etapas anteriores. Durante los ocho años de gobierno del Botànic hubo numerosos debates y problemas en el ámbito educativo, pero no se produjeron movilizaciones de esta intensidad ni una huelga indefinida de estas características. Es legítimo preguntarse por qué determinadas organizaciones sindicales muestran ahora una capacidad de movilización que no se vio entonces con la misma contundencia. Y lo mismo con los profesores, que en su mayoría muestran simpatía por Compromís y PSOE.
Otro aspecto polémico es la participación de alumnos en las protestas. Aunque la legislación contempla determinados supuestos para que los estudiantes de cursos superiores puedan secundar movilizaciones, conviene recordar que la función principal de los centros educativos es garantizar el derecho a la educación. Cada jornada lectiva perdida supone una merma en el aprendizaje y en la continuidad académica. Los alumnos han visto una oportunidad de estar a la bartola tres semanitas y ya veremos si no enlazan hasta el 22 de junio, fin de curso. Qué vacaciones más largas, oiga.
Más preocupantes serían, de confirmarse, algunos comportamientos denunciados por familias y estudiantes. Resultaría inaceptable que docentes aprovecharan su posición para animar a los alumnos a secundar la huelga mediante promesas relacionadas con las calificaciones académicas. Del mismo modo, la participación en actos reivindicativos de profesionales que se encuentran de baja médica puede generar un evidente malestar social y plantea interrogantes éticos que deberían aclararse en cada caso concreto.
Las huelgas son un derecho fundamental y constituyen una herramienta legítima de presión. Pero todo derecho implica también una responsabilidad. Cuando las consecuencias recaen principalmente sobre los alumnos y sus familias, especialmente en un momento decisivo del curso, es razonable cuestionar si la estrategia elegida es la más adecuada.
Las reivindicaciones pueden ser legítimas. El problema es el calendario. Porque defender mejoras para la educación no debería hacerse a costa de quienes más dependen de ella: los estudiantes.