Llevo tres semanas levantándome y acostándome con la huelga educativa valenciana. Con el móvil en una mano y el café en la otra. Saltando de un canal de Telegram a otro. Leyendo comunicados sindicales, notas de prensa de la Conselleria, propuestas, contrapropuestas y documentos que a veces quedan desfasados pocos minutos después de llegar. Intentando reconstruir reuniones a las que nadie puede acceder y que después cada parte relata a su manera.
Y cuanto más sigo este conflicto, más clara tengo una cosa: las reivindicaciones del profesorado son legítimas. Reducir ratios, reforzar plantillas, mejorar la atención a la diversidad, aliviar la carga burocrática, dotar de más recursos y mejores infraestructuras a los centros, o mejorar las condiciones laborales de quienes sostienen cada día el sistema educativo. Porque sí, también hay reivindicaciones salariales, pero reducir este conflicto únicamente al sueldo de los docentes sería no entender lo que está en juego.
Estamos hablando de cómo se enseña, de cuántos alumnos hay en cada aula, de los recursos disponibles para atender a quienes más los necesitan, de centros que no alcancen los 30 grados en verano ni obliguen a dar clase con mantas en invierno y, en definitiva, de la calidad de la educación pública valenciana.
Precisamente por eso, a las puertas de una cuarta semana de huelga, preocupa la deriva que está tomando esta negociación. Porque muchas de las reivindicaciones que hoy se exigen no nacieron el pasado 11 de mayo. Algunas llevan años sobre la mesa. Son problemas estructurales que afectan al sistema educativo desde hace demasiado tiempo y que difícilmente pueden resolverse en unos días, por muy intensa que sea la presión.
Y precisamente por eso resulta difícil pensar que la solución pueda venir de golpe. No porque no sean justas, sino porque afectan a cuestiones estructurales que requieren planificación, recursos y tiempo. La cuestión no es solo si deben hacerse, sino cómo, cuándo y con qué recursos.
El viernes, durante la asamblea general convocada por la mayoría sindical, que se alargó durante cinco horas, un profesor dijo algo que me pareció especialmente acertado: “los cambios históricos no se consiguen en unos días ni en un mes”. Tiene razón. Y quizá ahí esté una de las claves que se están perdiendo entre convocatoria y convocatoria.
Durante estas semanas he tenido la sensación de que una parte del debate ha acabado instalándose en una lógica de urgencia permanente, como si problemas que llevan años enquistados pudieran resolverse por completo en cuestión de días o semanas. Y precisamente porque las reivindicaciones son tan importantes, creo que conviene ser realistas: muchas de las cuestiones que están sobre la mesa exigen tiempos distintos. No son decisiones que puedan tomarse de un día para otro.
Negociar no debería ser una derrota, porque negociar implica ceder. Siempre. Aunque no a todo, no me malinterpretéis. Nadie consigue el cien por cien de lo que pide. Tampoco la Administración. Tampoco los sindicatos. Así funcionan los acuerdos.
Lo paradójico es que, después de tres semanas, la negociación existe. Aunque parezca bloqueada, no está rota. Se siguen convocando reuniones, los documentos cambian y las posiciones se mueven, aunque sea lentamente.
Y es precisamente ahí donde me surge la duda. Si el objetivo de la huelga era forzar una negociación real, y esa negociación ya está produciéndose, ¿tiene sentido seguir manteniendo exactamente la misma estrategia?
No cuestiono el derecho a la huelga. Faltaría más. Ha sido una herramienta legítima para abrir una negociación que probablemente no estaría donde está hoy sin la presión ejercida por el profesorado. Pero cada día de conflicto también tiene consecuencias.
Estamos a las puertas del final de curso. Miles de estudiantes se juegan esta semana una de las etapas más importantes de su vida académica con las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). Pero es que la educación de esta generación ya ha sobrevivido a la pandemia de la covid o, en las zonas afectadas, a la trágica dana.
Y quizá también convenga reconocer algo que a veces se pierde entre comunicados, consultas y ruedas de prensa: estas tres semanas no han sido en vano.
¿Es suficiente? Evidentemente no. Si lo fuera, el conflicto ya estaría resuelto. Pero tampoco sería justo trasladar la idea de que nada ha cambiado.
Las propuestas que hoy están sobre la mesa no son las mismas que hace quince días. Se han incorporado reivindicaciones, se han movido posiciones y, sobre todo, se ha conseguido que una negociación que parecía encallada siga abierta.
La negociación debe continuar, porque los problemas estructurales de la educación valenciana tampoco aparecieron de la noche a la mañana.
Lo que me pregunto, a las puertas de una cuarta semana de huelga y con las conversaciones abiertas, es si la huelga indefinida debe seguir exactamente el mismo camino.
Porque negociar no debería ser una derrota y reconocer lo conseguido hasta ahora tampoco.