La familia de Mohamed, formada por su mujer y sus dos hijos menores —uno de ellos con discapacidad reconocida—, ha denunciado quedarse sin alternativa habitacional permanente tras recibir una orden de desalojo de la vivienda en la que residían en Massanassa. Según explica la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, una movilización vecinal logró paralizar temporalmente el desahucio con una moratoria de 48 horas que finalizará este domingo al mediodía.
La vivienda, situada en la calle Francisco Nacher Pons, fue declarada en situación de ruina técnica por riesgo de colapso estructural, lo que llevó al Ayuntamiento a solicitar autorización judicial para ejecutar el desalojo por motivos de seguridad.
Una situación de “vulnerabilidad extrema”
Según denuncia la plataforma social, la familia se encuentra en una situación de “vulnerabilidad muy grave”, con recursos económicos limitados y sin apoyo familiar cercano. Además, recuerdan que Mohamed lleva más de 30 años arraigado en Massanassa y que desde 2018 figura inscrito en el registro de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) con informes de urgencia para acceder a una vivienda pública.
La Koordinadora asegura que el Ayuntamiento únicamente ha ofrecido como solución temporal una estancia aproximada de un mes en un hostal financiado por Cruz Roja y el consistorio, propuesta que la familia rechazó al considerar que no garantiza una alternativa estable y adecuada para el menor con discapacidad.
Críticas al Ayuntamiento y a la falta de soluciones
Desde la Koordinadora del Parke Alcosa sostienen que la actuación municipal ha sido rápida para ejecutar el desalojo, pero no para ofrecer una solución residencial definitiva. El colectivo critica además la falta de medidas extraordinarias ante la situación de vulnerabilidad de la familia y reclama una mesa de negociación con participación de servicios jurídicos y sociales independientes.
El escrito también cuestiona la actuación política del alcalde de Massanassa, Paco Comes, al considerar que no ha existido una implicación directa para buscar una alternativa habitacional permanente junto a la Generalitat.
Presencia policial durante el desalojo
La plataforma denuncia igualmente que durante el operativo desplegado el pasado viernes participaron alrededor de una veintena de agentes de Guardia Civil y Policía Local, identificando a varias personas concentradas en apoyo a la familia.
Entre las principales exigencias planteadas por la Koordinadora figuran la suspensión del desalojo hasta disponer de una solución habitacional estable, la adjudicación de una vivienda pública o alquiler social y garantías de que no se abrirá ningún expediente de protección de menores derivado de la falta de vivienda.