La Policía Nacional, en colaboración con la Agregaduría de Interior de Georgia, ha desmantelado una estructura criminal itinerante implicada en al menos 27 robos en viviendas cometidos entre finales de 2025 y marzo de 2026. La red utilizaba la localidad de Torrevieja (Alicante) como centro de operaciones y planificación, desplazándose posteriormente a otras provincias donde alquilaban hostales rurales o viviendas vacacionales como bases temporales de seguridad.
La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 33 y la Fiscalía de Crimen Organizado de Madrid, comenzó en diciembre de 2025. Los investigadores de la Policía Nacional, apoyados por la Agregaduría de Interior de Georgia, detectaron una célula criminal con base en Torrevieja (Alicante). Este municipio funcionaba como "casa de seguridad" y centro logístico donde los miembros residían cuando no estaban activos, y desde donde gestionaban el alquiler de los vehículos necesarios para sus desplazamientos.
La organización presentaba una estructura dividida en dos sectores especializados. Por un lado, una rama de origen georgiano ejecutaba materialmentre los robos. Su método se basaba en la itinerancia: se desplazaban a provincias como Madrid, Guadalajara, Valladolid, Ciudad Real o Valencia, donde se alojaban en discretos hostales rurales o viviendas de alquiler vacacional para pasar desapercibidos y vigilar la posible presencia policial.
El "modus operandi" y la red de venta
Para asegurar el éxito de los asaltos, los delincuentes marcaban las puertas de las viviendas seleccionadas con hilos de pegamento durante los periodos vacacionales. Si el hilo permanecía intacto tras unos días, confirmaban que los residentes estaban ausentes. Una vez en el interior, se centraban exclusivamente en dinero, joyas y relojes de alta gama. El reparto de tareas era estricto, incluyendo especialistas en vigilancia, logística para el alquiler de inmuebles y ejecutores directos de la apertura de puertas.
La segunda rama del grupo, de origen español, era la encargada de la receptación. El botín se trasladaba a dos establecimientos legales (joyerías) situados en Liria (Valencia) y en Madrid. Allí, los objetos robados eran fundidos en instalaciones clandestinas o reintroducidos directamente en el mercado ilícito, dificultando así el rastreo de las piezas originales. Además, esta red servía de apoyo logístico para otros delincuentes extranjeros que llegaban a España para cometer delitos puntuales.
Resultados de la intervención
La fase final de la operación se ejecutó el pasado mes de abril, interceptando al grupo justo antes de que iniciaran una nueva oleada de robos. Los registros permitieron recuperar objetos de gran valor, incluyendo lingotes de oro y material de fundición. Aunque se han esclarecido 27 robos cometidos en apenas cuatro meses, los agentes mantienen la investigación abierta para analizar nuevos indicios y tratar de devolver los efectos recuperados a sus propietarios legítimos.