La futura planta de biometano proyectada en Llíria se ha convertido en uno de los debates más intensos de los últimos años en el Camp de Túria. Mientras la empresa promotora defiende que la instalación permitirá transformar residuos orgánicos en energía renovable y reducir emisiones contaminantes, plataformas vecinales y algunos municipios cercanos alertan sobre el impacto que puede tener una infraestructura de estas dimensiones en la comarca.
En medio del ruido político y social, muchos vecinos todavía se preguntan qué se va a construir realmente en Llíria, qué residuos llegarán a la planta o cómo funcionará una instalación de este tipo.
Qué es exactamente una planta de biometano y cómo funciona
La planta de Llíria estará dedicada a producir biometano, un gas renovable que se obtiene a partir de residuos orgánicos. El proceso, aunque técnicamente complejo, se parece bastante a lo que ocurre de forma natural cuando la materia orgánica se descompone.
La diferencia es que aquí todo sucede dentro de grandes depósitos cerrados y controlados industrialmente. Los residuos generan un gas rico en metano que posteriormente se limpia y se transforma en biometano, un combustible que puede inyectarse directamente a la red gasista y utilizarse igual que el gas natural convencional.
La empresa promotora insiste en que la instalación no será una incineradora ni un vertedero y defiende que precisamente busca dar salida a residuos que ya existen y que actualmente acaban en vertederos o se esparcen directamente sobre el terreno agrícola.
Los residuos que llegarán a la planta: purines, restos alimentarios y productos caducados
La planta prevé tratar 162.800 toneladas anuales de residuos orgánicos, aunque el límite máximo autorizado alcanza las 197.200 toneladas al año.
Buena parte de esos residuos procederán de explotaciones ganaderas y de la industria alimentaria del entorno de Valencia y del Camp de Túria. Según explica la empresa, la mayoría llegarán desde un radio aproximado de 50 kilómetros.
Entre esos residuos habrá purines y estiércol ganadero, pero también restos alimentarios y productos caducados procedentes de supermercados e industrias alimentarias. Pizzas caducadas, yogures, embutidos envasados, masas alimentarias o restos orgánicos de fábricas son algunos de los ejemplos que pone la propia empresa para explicar el tipo de materiales que gestionará la instalación.
El debate sobre los residuos SANDACH y la polémica por los subproductos animales
Uno de los aspectos que más rechazo ha generado es la posibilidad de tratar residuos SANDACH, un término técnico que hace referencia a subproductos animales no destinados al consumo humano.
Sin embargo, la empresa asegura que existe una importante confusión alrededor de este concepto y sostiene que la planta no podrá recibir cadáveres animales, ya que ese tipo de residuos deben ir obligatoriamente a incineración según la normativa europea.
El miedo a los olores: una de las principales preocupaciones vecinales
Los olores son una de las principales preocupaciones de los vecinos y plataformas contrarias al proyecto. De hecho, buena parte del rechazo social a la planta gira alrededor del temor a que municipios próximos como Domeño o Casinos acaben conviviendo diariamente con malos olores procedentes del tratamiento de residuos orgánicos.
La empresa promotora sostiene que las nuevas plantas de biometano funcionan de forma muy diferente a antiguas instalaciones de biogás o balsas de purines al aire libre. Según explican, el proceso de generación del biogás se realiza completamente en depósitos cerrados.
Para evitar emisiones, la planta proyectada en Llíria contará con naves cerradas, sistemas de aspiración y biofiltros destinados a captar y tratar el aire antes de liberarlo al exterior.
Los residuos líquidos llegarán en cisternas estancas y se descargarán mediante conducciones cerradas, mientras que los residuos sólidos se descargarán dentro de recintos cerrados y con presión controlada.
La compañía asegura que muchas de las imágenes y ejemplos utilizados por plataformas vecinales corresponden a instalaciones antiguas o tecnologías anteriores que no incorporaban estos sistemas de aislamiento y control ambiental.
Qué es el digestato o “material digerido” que saldrá de la instalación
Otro de los conceptos que más dudas y rechazo genera alrededor de este tipo de instalaciones es el llamado digestato, término técnico utilizado para describir el material orgánico que queda tras el proceso de generación del biogás.
La propia empresa reconoce que la palabra ha contribuido a generar una percepción negativa y prefiere hablar de “material digerido”, ya que se trata de residuos orgánicos que ya han pasado por el proceso de digestión anaerobia dentro de los reactores de la planta.
Según explican, durante varias semanas las bacterias descomponen la materia orgánica y capturan buena parte del metano que anteriormente se liberaría directamente a la atmósfera desde balsas de purines o residuos agrícolas.
El resultado, sostienen, es un material mucho más estabilizado, con menos olores y con aplicaciones agronómicas controladas.
Ese material se separa posteriormente en una parte líquida y otra sólida, que pueden utilizarse como enmienda agrícola o fertilizante orgánico bajo supervisión técnica y con límites marcados por la normativa medioambiental.
Precisamente uno de los argumentos de la empresa es que este sistema permitiría reducir parte de los problemas derivados de la aplicación directa de purines sobre el terreno agrícola, una práctica que sigue siendo habitual en numerosas explotaciones ganaderas. En ocasiones, de forma descontrolada e incluso ilegal.
El impacto del tráfico pesado: hasta 37 camiones diarios en la comarca
El tráfico pesado asociado a la planta es otro de los aspectos que más preocupa en la comarca.
Según los datos del proyecto, la entrada de residuos supondrá una media estimada de unos 37 camiones diarios, lo que equivale aproximadamente a un vehículo cada 40 minutos durante las horas de funcionamiento de la instalación.
La empresa sostiene que las rutas logísticas ya están definidas y monitorizadas y que el tráfico circulará principalmente por vías principales y autovías, evitando el paso por núcleos urbanos.
Además, asegura que todos los residuos se transportarán en cisternas estancas o bañeras cubiertas y nunca al descubierto.
La planta contará también con dos básculas internas y un sistema de limpieza y desinfección de vehículos para evitar esperas y acumulaciones de camiones fuera de la parcela.
La Asociación Ciudadana Camp de Túria considera, sin embargo, que el volumen de tráfico seguirá teniendo un impacto importante sobre el entorno y cuestiona que el balance ambiental continúe siendo positivo teniendo en cuenta el transporte constante de residuos desde distintos puntos del área metropolitana de Valencia.
La empresa responde que esos residuos ya se transportan actualmente cada día hacia otros centros de tratamiento o vertederos y defiende que la mayoría procederán de un radio aproximado de 50 kilómetros, principalmente de explotaciones ganaderas y de la industria alimentaria valenciana.
Las dudas sobre los acuíferos y el riesgo de contaminación de aguas subterráneas
Otro de los puntos que más preocupa a los vecinos es el posible impacto sobre las aguas subterráneas y los acuíferos de la zona.
La plataforma vecinal alerta del riesgo de filtraciones o accidentes y sostiene que cualquier problema podría afectar a espacios cercanos como el Parc de Sant Vicent de Llíria o áreas conectadas hidrológicamente.
La empresa asegura que la planta contará con sistemas de impermeabilización y seguridad diseñados precisamente para evitar cualquier fuga y defiende que el tratamiento controlado de purines y residuos reduce la contaminación que actualmente ya generan esos materiales cuando se gestionan directamente sobre el terreno agrícola.
Un debate que va más allá de Llíria: energía renovable frente a rechazo social
El conflicto abierto en el Camp de Túria refleja un debate mucho más amplio sobre cómo gestionar los residuos orgánicos y ganaderos en los próximos años.
Europa impulsa este tipo de plantas como herramienta para producir energía renovable y reducir emisiones contaminantes, mientras cada vez más territorios muestran rechazo a instalaciones que perciben como potencialmente molestas o contaminantes.