La historia de José Antonio Sancho Sempere -el protagonista de 'El zorro en el gallinero'- y del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ya no puede entenderse como un simple caso aislado de corrupción local. Lo ocurrido durante años en esta localidad valenciana dibuja el retrato completo de un sistema institucional incapaz —o no dispuesto— a frenar a uno de sus principales responsables administrativos mientras acumulaba poder, decisiones cuestionadas y posteriormente condenas judiciales. Hoy, el desenlace resulta demoledor: un ex alto funcionario condenado por corrupción, aparece oficialmente sin bienes inmuebles inscritos a su nombre en toda España. Y mientras su patrimonio se desvanece, los sucesivos gobiernos municipales observan el escenario desde una pasividad que muchos consideran tan cómoda como injustificable. O cómplice.
El dato que resume esta situación es tan frío como contundente. Según una reciente información registral obtenida a través del Índice Central de los Registros de la Propiedad, actualmente no consta ni una sola finca inscrita a nombre de José Antonio Sancho Sempere en todo el territorio nacional. Un antiguo alto cargo municipal, con años de poder acumulado y varias condenas vinculadas a delitos de corrupción, figura hoy en los registros públicos como si no tuviera absolutamente nada. Ni en Canet, ni en Valencia, ni en Facheca (Alicante). La pregunta resulta inevitable: ¿cómo se ha permitido llegar hasta aquí? ¿Dónde estaban los alcaldes de Canet mientras Sancho delinquía, era investigado, condenado y, presuntamente, vaciaba progresivamente su patrimonio?
Un folio en blanco a nombre de un condenado
El punto de partida es un documento oficial. A petición de un ciudadano, el Registro de la Propiedad expidió una consulta de localización de titularidades a nombre de José Antonio Sancho Sempere. El interés legítimo alegado era claro: una investigación jurídica sobre bienes, titularidades y posibles limitaciones patrimoniales. El resultado no admite demasiadas interpretaciones. Según el Índice Central, no constan “titularidades vigentes a su favor en todo el territorio nacional”. Ningún registro de la propiedad de España refleja actualmente inmuebles inscritos a nombre del ex secretario municipal.
Aunque el propio documento incorpora las advertencias técnicas habituales —retrasos de actualización, carácter instrumental de la información o necesidad de confirmación individual en registros concretos—, el mensaje principal permanece intacto: oficialmente, Sancho Sempere no tiene propiedades inmobiliarias inscritas. Para cualquier ciudadano el dato ya sería llamativo. Pero en el caso de alguien que durante años manejó expedientes urbanísticos, contratos, licencias, informes jurídicos y decisiones de enorme impacto económico para el municipio, el asunto adquiere una dimensión mucho más grave. La sensación que deja el caso es demoledora: cuando finalmente llega el momento de exigir responsabilidades económicas, ya no queda patrimonio sobre el que actuar.
Corrupción, condenas y responsabilidad civil
José Antonio Sancho Sempere no es un investigado cualquiera. Se trata de un ex alto funcionario condenado por graves delitos vinculados a la corrupción en la administración local: decisiones adoptadas contra la legalidad, en beneficio propio o de terceros, y que habrían provocado un importante perjuicio económico al Ayuntamiento y una profunda erosión de la confianza ciudadana, amén del soborno a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, por el que ambos fueron condenados a dos años de prisión.
Las condenas por corrupción no se limitan únicamente a penas de prisión o inhabilitación. También implican responsabilidad civil. Es decir: la obligación de reparar económicamente el daño causado y devolver el dinero indebidamente obtenido o mal gestionado. Según la investigación periodística realizada por EL PERIÓDICO DE AQUÍ, Sancho Sempere aparece como figura clave en al menos cuatro asuntos que ya han provocado —o podrían provocar— un impacto millonario sobre las arcas municipales de Canet d’en Berenguer.
1. Caso Mas Camarena
En 2013, siendo Sancho Sempere secretario general, interventor municipal y jefe de los servicios jurídicos municipales, y con Leandro Benito Antoni como alcalde, el Ayuntamiento adjudicó cerca de 9.000 metros cuadrados de suelo público para un centro educativo privado. La adjudicación fue impugnada por otro colegio al considerar que incumplía las bases del concurso público.
Años después, una sentencia firme anuló todo el expediente administrativo tramitado por el Ayuntamiento. La consecuencia económica ya es una realidad: la corporación municipal ha tenido que abonar una indemnización de 2,2 millones de euros a la empresa recurrente.
La legislación vigente permite al Ayuntamiento reclamar responsabilidad patrimonial personal contra quienes intervinieron en el expediente ilegal, especialmente contra Leandro Benito Antoni y José Antonio Sancho Sempere. Sin embargo, hasta el momento, el actual alcalde, Pere Antoni Chordá, no ha impulsado ninguna acción en ese sentido.
El problema añadido es aún más grave: cualquier futura reclamación económica contra Sancho Sempere podría encontrarse con un obstáculo prácticamente insalvable. Según denuncian distintas fuentes, el ex secretario municipal habría vaciado previamente su patrimonio inmobiliario para situarse en una aparente situación de insolvencia.
Según un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil de Valencia, antes de desprenderse de sus bienes Sancho Sempere era titular de cuatro inmuebles urbanos y 82 fincas rústicas.
2. Caso Vitas Amarre
Otra sentencia judicial reciente anuló un nuevo expediente administrativo aprobado durante la etapa de Leandro Benito Antoni y José Antonio Sancho Sempere.
En este caso, la resolución judicial condena al Ayuntamiento al pago de 271.000 euros, además de intereses y costas judiciales.
La situación vuelve a reproducir el mismo patrón: el Ayuntamiento podría verse obligado a reclamar económicamente contra los responsables políticos y técnicos de aquella actuación ilegal, pero se enfrenta ahora a la posible insolvencia patrimonial del principal implicado.
3. Caso EGEVASA
El caso EGEVASA constituye uno de los asuntos más relevantes por su posible impacto económico.
El origen se encuentra en la adjudicación del contrato de agua y alcantarillado a la empresa EGEVASA. El Tribunal Supremo anuló recientemente el contrato al apreciar graves defectos e ilegalidades en la tramitación y aprobación del expediente administrativo.
Aunque todavía no existe una cuantificación definitiva del perjuicio económico, informes jurídicos y económicos elaborados para la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de Sancho Sempere estiman que el impacto total podría acercarse a los cinco millones de euros.
4. Caso Piscina del Cantó
Otro de los expedientes bajo sospecha afecta a la instalación de la piscina del Cantó.
El procedimiento acumula denuncias de irregularidades y ya forma parte de la larga lista de resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento vinculadas a la etapa de Sancho Sempere.
Una reciente sentencia apunta nuevamente a nulidades y sobrecostes relevantes, en una línea similar a la detectada en el caso EGEVASA.
Según declaraciones del alcalde Pere Antoni, el coste estimado para las arcas municipales podría rondar los 700.000 euros.
El patrimonio del condenado: la clave de todo
En el derecho penal español, toda sentencia condenatoria incorpora un pronunciamiento sobre responsabilidad civil derivada del delito. Eso significa que quien ha prevaricado, malversado o provocado un daño económico a la administración no solo debe responder penalmente: también debe reparar económicamente el perjuicio causado. El primer responsable es siempre el propio condenado y su patrimonio personal.
Por eso resulta especialmente grave la situación actual. El Ayuntamiento de Canet, como institución perjudicada, tenía la obligación de actuar con contundencia: personarse en las causas, exigir indemnizaciones, solicitar medidas cautelares, investigar movimientos patrimoniales y perseguir posibles maniobras destinadas a ocultar bienes.
Sin embargo, nada indica que se haya desarrollado una estrategia eficaz y sostenida en esa dirección.
La pasividad política
Durante los años en los que Sancho Sempere acumuló poder dentro del Ayuntamiento, varios alcaldes ocuparon la Alcaldía. Todos comparten un elemento común: ninguno impulsó mecanismos de control interno y lucha contra la corrupción con la contundencia que exigían las circunstancias.
Contratos cuestionados, expedientes polémicos, informes jurídicos de riesgo y procedimientos administrativos cada vez más controvertidos eran señales suficientes para activar alarmas políticas e institucionales.
Pero esas alarmas nunca llegaron.
Sancho continuó operando con enorme influencia dentro de la estructura municipal mientras los controles políticos prácticamente desaparecían.
Cuando comenzaron las investigaciones judiciales, la reacción institucional tampoco cambió sustancialmente. La personación del Ayuntamiento en algunos procedimientos acabó convirtiéndose, según distintas críticas, en un gesto más formal que efectivo.
No consta una investigación patrimonial profunda sobre Sancho y su entorno. Tampoco una estrategia firme para localizar bienes, seguir transmisiones patrimoniales o reconstruir operaciones económicas realizadas durante los años previos a las condenas.
Muchos alcaldes se refugiaron en una explicación recurrente: “eso ya lo resolverán los tribunales”.
Pero un Ayuntamiento víctima de corrupción no puede limitarse a esperar.
El riesgo de alzamiento de bienes
La situación conecta directamente con una figura penal muy concreta: el alzamiento de bienes.
El Código Penal castiga a quien, sabiendo que debe afrontar importantes responsabilidades económicas, oculta o transmite sus bienes para impedir que puedan ser embargados por acreedores o por la Justicia.
No se trata de perseguir situaciones reales de insolvencia económica. Se trata de combatir maniobras deliberadas destinadas a fabricar esa insolvencia: ventas aceleradas, donaciones, transmisiones a familiares, sociedades interpuestas o movimientos patrimoniales sospechosos realizados antes o durante los procesos judiciales.
La ley contempla expresamente el supuesto de quien intenta evitar el pago de responsabilidades civiles derivadas de delitos de corrupción.
Precisamente por eso, el seguimiento patrimonial de Sancho Sempere debería haber sido una prioridad absoluta para el Ayuntamiento.
Lo que hicieron… y lo que no hicieron
Los distintos gobiernos municipales aprobaron declaraciones institucionales, acuerdos plenarios y discursos públicos sobre la defensa de los intereses municipales.
Pero faltó lo esencial: una estrategia sólida para proteger económicamente al Ayuntamiento y garantizar el cobro de futuras responsabilidades civiles.
No se impulsó un verdadero plan antifraude. No se reforzaron mecanismos de transparencia radical. No se implantaron auditorías externas permanentes ni protocolos rigurosos de vigilancia patrimonial.
Y, sobre todo, no se actuó con la rapidez necesaria cuando todavía era posible rastrear y asegurar bienes.
La información registral conocida ahora debería haberse solicitado hace años, cuando las primeras investigaciones judiciales ya apuntaban a un posible perjuicio multimillonario para las arcas municipales.
Cada día de inacción jugó a favor de quien tenía más interés en proteger su patrimonio.
Un fracaso institucional... y judicial
La experiencia de Canet d’en Berenguer demuestra cómo una administración puede convertirse en víctima dos veces: primero por la corrupción y después por su incapacidad para reaccionar frente a ella.
Los sucesivos alcaldes tuvieron la oportunidad —y la obligación— de impulsar una política real de tolerancia cero: controles internos reforzados, vigilancia patrimonial, auditorías externas, protección a denunciantes y seguimiento exhaustivo de las responsabilidades económicas derivadas de las condenas.
Nada de eso ocurrió con la intensidad necesaria.
La consecuencia es evidente: hoy el Ayuntamiento se enfrenta al riesgo real de acumular sentencias favorables… pero sin patrimonio suficiente sobre el que ejecutarlas.
También es el fracaso de la justicia. Incluso con condenas... para qué sirven.
El símbolo de un fracaso
La nota registral que muestra a José Antonio Sancho Sempere sin propiedades inscritas no es solo un dato administrativo.
Es el símbolo del fracaso institucional de Canet d’en Berenguer.
Un folio en blanco donde deberían aparecer bienes embargables resume años de corrupción, descontrol político y ausencia de reacción institucional.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse cómo se ha llegado hasta este punto. Cómo nadie activó a tiempo mecanismos eficaces de vigilancia patrimonial. Cómo ningún alcalde lideró una estrategia real para evitar que el principal responsable económico acabara oficialmente sin bienes.
Comunicado de la Plataforma de Afectados
La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere ha querido fijar públicamente su posición ante esta situación.
La entidad denuncia con contundencia la actuación del ex secretario municipal, condenado por graves delitos de corrupción y todavía investigado en nuevas causas judiciales. Considera que su conducta supuso una traición directa a los vecinos y un grave ataque contra el patrimonio público del municipio.
Al mismo tiempo, la Plataforma señala la responsabilidad política de los sucesivos alcaldes de Canet d’en Berenguer por no haber implantado medidas eficaces de prevención, control y persecución de la corrupción.
Según la organización, la pasividad institucional frente a las actuaciones de Sancho Sempere y la ausencia de un seguimiento real de su patrimonio han contribuido decisivamente a la actual situación de posible impunidad económica.
La Plataforma asegura que continuará trabajando para esclarecer todos los hechos, determinar responsabilidades penales y civiles y lograr que el daño económico causado al municipio sea íntegramente reparado.
Hasta entonces, mantendrá viva su exigencia de verdad, justicia y reparación frente a la corrupción y frente a quienes, pudiendo haberla frenado, optaron por mirar hacia otro lado.