La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación que afecta a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la presidenta del Puerto, Mar Chao, y a otras responsables públicas por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en procesos de colocación de personal en distintas instituciones, según han confirmado fuentes fiscales.
Entre las personas investigadas figuran también las concejalas Paula Llobet, responsable de Turismo e Innovación, y Rocío Gil, al frente de Educación, Igualdad y Deportes, además de cuatro trabajadores públicos vinculados a diferentes organismos.
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la Intervención General del Estado y de la presentada por Compromís el pasado mes de febrero, en la que la formación señalaba supuestas “maniobras administrativas” para facilitar una “subrogación encubierta” de determinados trabajadores hacia otras entidades públicas.
Según la coalición valencianista, varias fundaciones municipales y el Puerto de València habrían impulsado convocatorias de empleo “prácticamente idénticas” en fechas similares, cuyos resultados habrían favorecido a personas que ya habían sido identificadas previamente en documentación notarial antes de la resolución de los procesos.