Los ayuntamientos de Navarrés y Quesa han respondido a las declaraciones realizadas en los últimos días sobre la situación de la presa de Escalona y las restricciones que afectan a las actividades recreativas desarrolladas en este entorno. Ambos consistorios aseguran compartir la preocupación existente entre las empresas y profesionales vinculados al turismo de la zona, pero consideran necesario aclarar los antecedentes del asunto y el trabajo realizado por las administraciones locales durante los últimos años.
Según explican, la polémica actual no puede entenderse sin tener en cuenta un largo recorrido administrativo y judicial que se remonta a más de una década atrás y que ha enfrentado a los municipios con la Confederación Hidrográfica en relación con la situación fiscal de las instalaciones existentes en el embalse.
Más de una década de litigios por el IBI
Los ayuntamientos recuerdan que desde 2011 han defendido en los tribunales su derecho a percibir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a la presa de Escalona, en aplicación de la ponencia de valores aprobada por la Dirección General del Catastro en 2008.
Según indican, durante estos años se han sucedido diversos procedimientos judiciales que han concluido con seis sentencias favorables a los intereses municipales. Estas resoluciones, afirman, han reconocido tanto el derecho de los ayuntamientos a recaudar este tributo como la obligación de las instalaciones afectadas de contribuir económicamente a las arcas locales.
En este sentido, los consistorios subrayan que la defensa de estos ingresos no responde a una decisión política discrecional, sino al cumplimiento de una obligación legal. "Los ayuntamientos no podemos renunciar a ingresos públicos reconocidos legalmente", señalan, advirtiendo de que hacerlo supondría actuar en contra de los intereses generales de los vecinos.
La autorización para la navegación
Otro de los aspectos que destacan los municipios es que en 2015 solicitaron formalmente autorización para la navegación y la instalación de un pantalán en la presa de Escalona.
Dicha autorización fue concedida por la Confederación Hidrográfica con una serie de condiciones que, según los ayuntamientos, se han respetado desde entonces. Por ello, muestran su sorpresa ante el cambio de criterio que ahora afecta a la navegabilidad del embalse.
Los consistorios sostienen que durante más de quince años no se ha logrado justificar jurídicamente ninguna causa que impidiera la tributación de las instalaciones ni que cuestionara el uso recreativo autorizado de la presa.
Sin notificación oficial sobre el cambio de criterio
Uno de los puntos que más preocupa a los responsables municipales es la falta de información oficial sobre las restricciones actualmente vigentes.
Tanto Navarrés como Quesa aseguran que no han recibido ninguna notificación formal por parte de la Confederación Hidrográfica comunicando la prohibición de la navegación ni resolución administrativa alguna que motive o justifique este cambio de criterio.
Según explican, la única modificación de la que tienen constancia es la inclusión de la presa de Escalona en una guía o relación de embalses considerados no navegables. Sin embargo, afirman desconocer los informes técnicos, ambientales o jurídicos que habrían servido de base para adoptar esta decisión.
Para los ayuntamientos, resulta especialmente relevante que una medida con repercusiones económicas y turísticas para la zona no haya sido acompañada de una explicación pública detallada ni comunicada directamente a las administraciones afectadas.
Dudas sobre el alcance de las restricciones
Los consistorios también llaman la atención sobre algunas circunstancias que consideran contradictorias. Según la información de la que disponen, continúan permitiéndose determinadas actividades con elementos flotantes de pequeñas dimensiones, inferiores a 1,5 metros, como patos acuáticos y similares.
Esta situación, señalan, genera incertidumbre sobre el alcance real de las limitaciones impuestas y sobre los criterios utilizados para diferenciar unas actividades de otras.
Asimismo, recuerdan que las empresas implicadas han sido conocedoras de las distintas actuaciones desarrolladas a lo largo de estos años, ya que los ayuntamientos han ido trasladando puntualmente la información disponible en cada momento.
Reclamación de transparencia
Ante esta situación, Navarrés y Quesa reclaman una mayor transparencia por parte de la Confederación Hidrográfica y consideran que los vecinos tienen derecho a conocer las razones que han llevado a adoptar esta decisión.
Los ayuntamientos solicitan que se hagan públicos los informes que respaldan el cambio de criterio y que se expliquen de forma clara los motivos que justifican la prohibición de la navegación en la presa de Escalona.
"La transparencia es una obligación", señalan desde ambos consistorios, que consideran que decisiones de este alcance deben estar debidamente fundamentadas y comunicadas a las administraciones afectadas.
Mientras tanto, los dos municipios reiteran que seguirán defendiendo los intereses de su territorio, de sus vecinos y de las actividades económicas vinculadas a este entorno natural, siempre desde el respeto a la legalidad y a las resoluciones administrativas y judiciales vigentes.