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La Guardia Civil ha intervenido un corral clandestino ubicado en el interior de una finca agrícola del término municipal de San Miguel de Salinas, en la provincia de Alicante. En la explotación se mantenían ocultas un total de veintinueve cabezas de ganado ovino y caprino que carecían de cualquier tipo de documentación legal, registro oficial o control veterinario obligatorio.
El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria efectuada por el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Guardamar. Los agentes, que realizaban controles periódicos sobre el uso de productos fitosanitarios y las condiciones de las explotaciones de la zona, localizaron el recinto vallado oculto entre el arbolado de la finca al revisar un almacén agrícola. En su interior se contabilizaron siete ovejas adultas, trece cabras y nueve cabritos.
Inmovilización cautelar por riesgo alimentario
El responsable de la explotación no pudo aportar ningún tipo de documento que acreditara la procedencia ni el estado de los animales, manifestando a los agentes que los mantenía exclusivamente para su uso particular. Ante la gravedad de la situación, el SEPRONA se puso en contacto con el veterinario oficial de la Oficina Comarcal Agraria, acordando de inmediato la inmovilización cautelar de todo el ganado dentro de la propia finca.
La ausencia de identificación y de controles sanitarios periódicos impide garantizar la trazabilidad y el estado de salud de los animales, elementos que las autoridades consideran esenciales para proteger tanto la sanidad animal como la seguridad alimentaria de los consumidores. La normativa vigente obliga a la inscripción rigurosa de cualquier explotación y establece sistemas estrictos de registro para el ganado ovino y caprino.
Sanciones de hasta 60.000 euros por infracciones graves
Los animales han quedado bloqueados a disposición de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Alicante, órgano competente que deberá determinar la situación sanitaria definitiva del ganado antes de autorizar cualquier tipo de traslado o destino.
Los hechos ya han sido notificados por la vía administrativa. Cabe recordar que la Ley de Ganadería de la Comunitat Valenciana contempla sanciones económicas severas para este tipo de irregularidades, con multas que oscilan entre los 3.001 y los 60.000 euros para las infracciones graves, y que pueden alcanzar cantidades de entre 60.001 y 1.200.000 euros en caso de ser calificadas como muy graves. La Guardia Civil ha reafirmado que mantendrá de forma habitual estos dispositivos de control para velar por el cumplimiento de la normativa vigente.