Añadir El Periódico de Aquí como fuente preferida de Google de forma gratuita.
La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado penitenciario que el Gobierno vasco había concedido a Óscar Celarain, condenado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, cometido en agosto de 2002 y en el que murieron dos personas, una de ellas una niña de 6 años.
El juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, considera que en este momento no se cumplen los requisitos para otorgarle la semilibertad, en sintonía con el recurso presentado por la Fiscalía.
Un régimen sin aval judicial
El Gobierno vasco había concedido el beneficio a Celarain el pasado mes de junio. El recluso, que cumple condena en la cárcel de Álava y que la completará en 2032, se beneficiaba desde febrero de un régimen que le permitía trabajar de lunes a viernes en una panificadora de Hernani y realizar voluntariado por las tardes.
El juez, sin embargo, señala que esa concesión "no ha sido avalada judicialmente" y que "no ha habido tiempo de consolidar la eficacia" de ese programa, por lo que califica la progresión de grado de "prematura y precipitada".
La Junta de Tratamiento defendía que Celarain asume correctamente la normativa institucional, hace buen uso de los permisos de salida, cuenta con apoyo familiar e institucional y una oferta laboral, y presenta un "pronóstico de reincidencia medio bajo". En un manuscrito de 2022, el propio Celarain había asumido su responsabilidad en la muerte de la menor de Santa Pola y en la del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia, asesinado en 2001, además de lamentar el dolor causado.
Un segundo caso revocado
La misma decisión ha adoptado la Audiencia Nacional para el exjefe del aparato militar de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi, cuyo tercer grado también fue concedido por el Gobierno vasco. El juez sostiene en ambos casos que "debe constatarse la consolidación de factores positivos" antes de "afianzar el pronóstico individualizado de reinserción".
Las dos progresiones de grado fueron criticadas por Covite, asociación de víctimas del terrorismo que ha censurado la política penitenciaria del Gobierno vasco respecto a exdirigentes de ETA.