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La Generalitat destinará 67 millones de euros a paliar los daños provocados por el incendio forestal de la Vall d’Uixó, que permanece activo desde el pasado sábado y ha arrasado hasta el momento alrededor de 9.600 hectáreas en la provincia de Castellón.
El paquete, aprobado este viernes por el pleno del Consell, contempla 12 millones de euros en ayudas directas, otros cinco millones para los ayuntamientos y una línea de 50 millones en préstamos bonificados para empresas e industrias a través del Institut Valencià de Finances (IVF).
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que las ayudas estarán dirigidas a las familias que hayan perdido sus viviendas o enseres, propietarios de vehículos, autónomos, comercios, empresas, trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, agricultores, ganaderos y apicultores.
Las solicitudes podrán presentarse desde el 10 de agosto y durante tres meses. Según ha señalado Pérez Llorca, el procedimiento será “rápido y sencillo”, ya que bastará con presentar una solicitud en el ayuntamiento correspondiente. También se admitirá una declaración responsable cuando el incendio haya impedido conservar la documentación necesaria y las cantidades se abonarán mediante transferencia directa.
“Nuestro deber es devolver la normalidad a los municipios damnificados, proteger a quienes viven en nuestro territorio y trabajar para que la Comunitat Valenciana sea un lugar cada vez más seguro y mejor preparado frente a las emergencias”, ha afirmado el president durante una comparecencia institucional sin preguntas.
Hasta 20.000 euros por la pérdida de la vivienda habitual
En materia de vivienda, el Consell concederá 20.000 euros por la pérdida de la residencia habitual, 15.000 euros cuando presente daños estructurales y 6.000 euros si los desperfectos no afectan a la estructura. También se contemplan 3.000 euros por persona para reponer enseres y bienes de primera necesidad.
Para las viviendas no habituales, las cuantías serán de 10.000 euros en caso de destrucción, 7.500 euros por daños estructurales y 3.000 euros por desperfectos no estructurales. A ello se sumarán 1.500 euros por persona para bienes de primera necesidad.
Las familias que necesiten ser realojadas podrán recibir 800 euros mensuales para el alquiler durante un máximo de 14 meses, siempre que ningún miembro de la unidad de convivencia disponga de otra vivienda.
Ayudas por los vehículos destruidos
Los propietarios de turismos o vehículos utilitarios particulares perdidos por el fuego podrán recibir 2.000 euros, mientras que la cantidad ascenderá a 2.500 euros en el caso de vehículos adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida.
La ayuda será de 750 euros por motocicleta, de hasta 15.000 euros por vehículos vinculados a una actividad económica y de hasta 8.000 euros cuando estén destinados a una explotación agrícola o ganadera.
Apoyo a autónomos, trabajadores y empresas
El decreto establece ayudas de hasta 1.000 euros por trabajador autónomo o comercio minorista afectado, además de un pago único de 360 euros para cada empleado incluido en un ERTE como consecuencia del incendio.
Las empresas e industrias podrán acogerse a una línea específica de avales del IVF dotada con 50 millones de euros.
Por su parte, los municipios y comunidades de regantes que hayan sufrido daños materiales dispondrán de fondos para realizar actuaciones urgentes en infraestructuras. La ayuda inicial será de 200.000 euros por localidad.
Los municipios incluidos son la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, La Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcúdia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules y Chóvar.
Hasta 15.000 euros para explotaciones ganaderas
Las explotaciones ganaderas, avícolas o apícolas afectadas podrán recibir 15.000 euros, cantidad a la que se añadirán indemnizaciones por cada cabeza de ganado perdida.
Las ayudas alcanzarán los 6.000 euros por hectárea para cultivos de regadío dañados y los 4.000 euros por hectárea en terrenos de secano. También se concederán 1.500 euros por explotación para reponer equipamiento agrario.
En los terrenos forestales, la cuantía será de 1.000 euros por hectárea cuando cuenten con un instrumento técnico de gestión forestal aprobado y aprovechamiento forestal, y de 500 euros por hectárea cuando no exista dicho aprovechamiento.
Más vigilancia y un plan de reforestación
El paquete aprobado también incluye un refuerzo extraordinario de la vigilancia forestal durante los episodios de riesgo extremo. La Generalitat incorporará 118 vigilantes adicionales a las 78 unidades de prevención y habilitará más de 35.000 horas extraordinarias de vigilancia, con una inversión superior a 1,1 millones de euros.
Además, el Consell comenzará a elaborar un Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental destinado a restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad, consolidar los suelos y proteger los recursos hídricos de la zona afectada.